sábado, 7 de enero de 2017

El pensamiento económico de José Antonio Primo de Rivera y su vigencia

El pasado 22 de noviembre, apenas dos días después del LXXX aniversario del asesinato de José Antonio Primo de Rivera, la página web "Desde mi campanario" publicó este artículo mio, que quiero compartir con mis lectores, dedicado a la vigencia de su pensamiento económico: http://desdemicampanario.es/2016/11/22/el-pensamiento-economico-de-jose-antonio-primo-de-rivera-y-su-vigencia/

El pensamiento económico de José Antonio Primo de Rivera y su vigencia


El 20 de noviembre de 2016 se cumplieron 80 años del asesinato de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española y principal teórico del Nacionalsindicalismo, efeméride que bien puede servir de ocasión propicia para la reflexión y el análisis del pensamiento del líder falangista, así como de su vigencia o no ocho décadas después.

La fecha histórica del 29 de octubre de 1933, día de celebración del histórico acto público en el Teatro de la Comedia que daría lugar a la fundación de Falange Española, marca inevitablemente el arranque de una ideología cuyos primeros pasos, empero, se pusieron ya en marzo de 1931 (antes de la proclamación de la II República) con la creación de la publicación “La Conquista del Estado” (germen de las futuras JONS –Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista– tras la unión con el grupo vallisoletano de Onésimo Redondo, las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica) por parte de un grupo de jóvenes encabezados por Ramiro Ledesma Ramos. Fue éste el verdadero precursor y fue en ese año de 1931 cuando se funda formalmente el Nacionalsindicalismo, aunque en realidad sus formulaciones iniciales eran más declaraciones de intenciones y esbozos de programas que un sistema completo de pensamiento, que una ideología plenamente desarrollada, desarrollo que sólo se produjo de forma parcial e insuficiente, pero al menos con una visión mucho más completa y obedeciendo a una filosofía más definida y sistemática, en la época de Falange Española de las JONS, con José Antonio Primo de Rivera, gracias al riguroso esfuerzo intelectual y a la enorme capacidad de comprensión y síntesis de éste. Y si eso era así en términos generales, aún lo fue más en materia económica, razón por la cual resulta tan difícil, por no decir que imposible, abordar un tema como el de la economía nacionalsindicalista sin suscitar ciertas polémicas, fruto del escaso desarrollo doctrinal de la materia a lo largo de estos 83 años (u 85, según se compute).

Para empezar hay que reconocer que la teoría económica nacionalsindicalista fue simplemente esbozada en la época fundacional, con la notable excepción de la temática agraria, que era muy importante en aquélla época y que por ello mereció cierta atención por parte de las JONS primero (especialmente a causa del interés de Onésimo Redondo en Valladolid, donde fue muy importante su labor en el sindicato remolachero) y más aún por FEJONS después, siendo muy grande el empeño que el propio José Antonio puso en esta materia, tanto por su propia importancia económica y social para España, como por la estrategia de expansión política impulsada por él (José Antonio apostaba por priorizar los esfuerzos políticos falangistas en el ámbito rural –basta con repasar la lista de lugares donde pronunció sus discursos para comprobarlo–, por considerarlo moralmente más sano y útil que el ámbito urbano para regenerar España –lo que obligaba a prestar especial atención a los problemas específicos agrarios–, mientras que Ramiro Ledesma consideraba que dichos esfuerzos debían concentrarse en las grandes ciudades y, especialmente, en las masas obreras entonces dominadas por el marxismo).

Aunque en un primer momento José Antonio no dio mucha importancia a los problemas agrarios (como demuestra el hecho de que no haya una sola referencia a ellos en los “Puntos Iniciales” de Falange Española –ver “FE”, núm.1, 7 de diciembre de 1933–), a medida que perfiló su estrategia de penetración política en las zonas rurales y tomó conciencia de la verdadera necesidad de realizar una reforma agraria profunda en España, diseñó un programa muy detallado y ambicioso que, aun muy resumido en la “Norma Programática de Falange Española de las JONS” (noviembre de 1934), ocupa nada menos que casi la cuarta parte del programa político de la organización (6 de los 27 puntos: del 17 al 22), centrándose básicamente en los siguientes aspectos: establecimiento de un precio mínimo remunerador para los productos agrarios a fin de garantizar su rentabilidad comercial, creación de un Crédito Agrícola Nacional para evitar la usura y el caciquismo, difusión de la enseñanza agrícola y pecuaria, reordenación de la dedicación de las tierras por razón de sus condiciones y de la posible colocación de los productos, política arancelaria en sentido proteccionista, incremento de las obras hidráulicas, racionalización de las unidades de cultivo, redistribución de las tierras con propiedades familiares y con sindicación de labores, política de colonización de nuevas tierras cultivables y abandono de las estériles para bosque, repoblación ganadera y forestal, expropiación de tierras adquiridas ilegítimamente y reconstrucción de los patrimonios comunales de los pueblos.

El paso del tiempo ha modificado sustancialmente el agro español, en unos casos para bien (políticas hidráulicas, de colonización de algunas nuevas zonas cultivables y de concentración parcelaria principalmente, realizadas en las décadas de los años 40 a 70 del pasado siglo) y en otros para mal, a causa fundamentalmente del ingreso de España en la Unión Europea (ausencia de precios mínimos y reducción de aranceles proteccionistas que están dificultando enormemente la supervivencia de las pequeñas y medianas explotaciones a causa de la competencia internacional, supervivencia de los agricultores y ganaderos hoy sólo posible de forma artificial a base de subvenciones como las de la Política Agraria Común de la UE, que sirven para compensar el hecho de estar haciendo imposible la forma de vida agraria por sí misma). A ello hay que añadir nuevas problemáticas como la de los productos genéticamente modificados (que ofrecen una mayor productividad a cambio de una enorme dependencia de las mismas empresas que los suministran y que son normalmente las dueñas de las patentes genéticas por las que nuestros agricultores han de pagar considerables “royaltys”) y la proliferación de pesticidas de última generación (normalmente también generadores de dependencia, haciendo prácticamente imposible prescindir de su utilización sin perder una mínima rentabilidad).

En definitiva, puede decirse que en materia agraria y ganadera el contexto de la economía española ha variado sustancialmente desde 1934, lo que hace que el programa presentado entonces no pueda considerarse tal cual plenamente vigente en nuestros días. Empero, ello no significa necesariamente que dicho programa –dejando a un lado algunas propuestas muy concretas– sea inaplicable en sí mismo, sino que lo es si no se modifica el contexto económico actual (la pertenencia de España a la UE y los tratados de libre comercio de los que somos –o pronto seremos– parte impiden muchas de ellas –piénsese en el precio mínimo remunerador o en la política arancelaria proteccionista–, de forma que para implementarlas sería preciso abandonar la UE y renunciar a los tratados de libre comercio).

No obstante, esa aparente falta de vigencia del pensamiento de José Antonio en materia agraria y ganadera realmente no lo es tanto si se plantea desde dos perspectivas distintas. La primera, la del aspecto ideológico. Es decir, analizando no tanto el programa entonces plateado en cuanto conjunto de propuestas concretas, sino como plasmación programática de una serie de principios económicos que chocan con los actualmente vigentes: proteccionismo, producción familiar, explotaciones de ámbito local e intervención –que no dirección– del mercado agropecuario. En este sentido los ciclos históricos demuestran que nada es irreversible, por lo que no todo lo que la mentalidad de una época considera superado en realidad lo está, y eso sucede, sin ir más lejos, con procesos que hasta no hace tanto parecían indiscutibles, como el de la mundialización, de forma que parecía tratarse de un proceso irreversible hacia un único mercado mundial sin fronteras ni aranceles proteccionistas, donde los tratados de libre comercio serían la única norma reguladora –paradójicamente para desregular– y donde las políticas proteccionistas (como las que defendía José Antonio) pasarían a ser reliquias del pasado condenadas a la extinción. Sin embargo es imposible, a estas alturas del siglo XXI, ignorar que ese proceso empieza a ser cuestionado gracias a la creciente influencia de movimientos políticos y sociales de todo tipo, en muchos aspectos distintos y hasta muy distantes entre sí, que coinciden en reclamar una vuelta a las soberanías nacionales, a la revalorización de las fronteras frente al mundialismo, a la relocalización de la producción y distribución, a la producción ecológica y natural, a la productividad basada en el crecimiento sostenido y hasta en el decrecimiento, a la economía real, etc. Todo esto no sólo afecta al mundo agrario y ganadero, sino a la economía en general, haciendo que lo que parecían propuestas desfasadas y anacrónicas hace unos pocos años, vuelvan ahora a cobrar cada vez más actualidad y vigencia.

La segunda perspectiva que permite percibir la vigencia del pensamiento agrario de José Antonio es la de la posibilidad de aplicación o no de la mayoría de las propuestas concretas formuladas en 1934 o de su actualización al presente sin perder fidelidad a los principios anteriores. Así, una vez que se reconoce que cada vez son más fuertes las tendencias o principios anteriores en nuestro momento histórico actual, no es difícil concluir que muchas propuestas concretas de las formuladas en 1934 pueden ser perfectamente aplicables hoy, una vez actualizadas debidamente, al nuevo contexto que permite que vuelvan a tener vigencia los principios que los inspiran. Es el caso de las políticas arancelarias o de precio mínimo remunerador (fuertemente condicionadas por los tratados de libre comercio y de la Organización Mundial del Comercio), mientras que otras como las de repoblación forestal o de enseñanza agrícola y pecuaria siempre van a ser actuales por no depender tanto del contexto de cada momento histórico.

Dejando a un lado los temas agrarios y ganaderos, antes de entrar en la cuestión económico-financiera e industrial, conviene hacer alguna referencia al grado de desarrollo doctrinal de FE-JONS en 1936 en lo que a estos aspectos se refiere, y en este sentido es importante constatar la evolución que se produce desde el pensamiento inicial de Ramiro Ledesma hasta el de José Antonio Primo de Rivera en 1936 (en el primero no hay una evolución significativa, mientras que la del segundo fue muy importante). O lo que es lo mismo, desde una concepción del Sindicato como órgano del Estado en el sentido de “sindicato estatal”, a una concepción nominalmente igual pero con un contenido más próximo a la idea de “Estado sindical”. Porque aunque los términos utilizados fueran idénticos, el contenido fue variando con el tiempo, y eso se ve claramente en los textos referidos al papel que había de tener el Sindicato en “La Conquista del Estado” por un lado, y en los discursos y conferencias de José Antonio desde 1935 principalmente. Pero no todo es tan simple, porque concepciones tan revolucionarias como las que sostiene José Antonio en su conferencia en el Círculo de la Unión Mercantil o en Cine Madrid tienen precedentes tan claros como el del artículo que publica “La Conquista del Estado” en su último número contra el sistema monetario basado en el interés (y firmado nada menos que por Gottfried Feder…).

Así pues, en 1936 nos encontramos con una doctrina económica, el Nacionalsindicalismo, que sólo puede decirse que está relativamente desarrollada en materia agraria, pero que tiene aspectos tan importantes como el del sindicalismo o el del sistema financiero que sólo están apuntados (el Sindicato como agrupación de todos los trabajadores, obreros y patronos; propiedad sindical de las empresas de cierto tamaño; respeto a la propiedad privada cuando se trate de bienes con finalidad individual; políticas contrarias al rentismo y al interés en general; nacionalización de la banca –y no sólo del crédito–; etc.). Pero claro, si ya de por sí resulta una contrariedad que estos principios no estén suficientemente desarrollados (lo que supone posibilidades diversas de desarrollo, incluso partiendo de la asunción de los mismos principios), peor aún resulta constatar que hay aspectos tan importantes como los monetarios que ni siquiera merecieron la atención de unos fundadores que, las cosas como son, ya tenían bastante con alzar y mantener alzada la bandera en una época tan convulsa (y en la que vivieron poco tiempo, muriendo además a edades muy tempranas). Lo cierto es que, a la vista de los acontecimientos, resulta sorprendente que encontraran tiempo para estudiar y proponer cosas tan interesantes y profundas como las que desarrolla José Antonio en el Círculo de la Unión Mercantil. Sin duda se trataba de personas de una gran capacidad, inteligencia y talento, cualidades que ya no se encuentran entre los políticos de la España de hoy, donde sólo los mediocres y los miserables triunfan por serlo, y es así como obtienen el reconocimiento que jamás obtendrían por su escasa valía.

Antes de entrar en el programa económico concreto propugnado por José Antonio Primo de Rivera, creo que es conveniente mencionar que hay una idea muy importante resaltada por él y que con el tiempo ha ido ganando en actualidad: es necesario distinguir al empresario del capitalista (aunque muchas veces la misma persona realice ambas funciones), pues el empresario no es sino un trabajador más de la empresa cuya función es la de la dirección empresarial, mientras que el capitalista es el propietario del capital, el que obtiene unas rentas (dividendos) no por su trabajo ni por su aportación de valor añadido, sino únicamente por el hecho de ser el titular del instrumento técnico de dominación (el capital, las acciones). De aquí se deduce que, dentro de la unidad de la empresa, el empresario y el obrero tienen un interés común, y quien les enfrenta, quien fuerza una situación de intereses opuestos (la llamada “lucha de clases”), es el capitalista que exige al empresario (o se obliga así mismo cuando se trata de la misma persona) ver a los obreros como un mero factor de la producción, y no como la parte humana de la misma. Ello suponía que, para José Antonio, eran los capitalistas y usureros de la banca y las finanzas los únicos y verdaderos enemigos no sólo de los obreros, sino también de los empresarios. Es decir, una vez distinguido al capitalista del empresario, el enemigo del empresario no era el obrero, sino el capitalista, por lo que obreros y empresarios tenían en realidad un enemigo común: el capitalismo. Evidentemente, semejante conclusión era inaceptable no sólo para el pensamiento marxista de la época –pues desarticulaba el discurso de la necesidad de la lucha de clases–, sino también para la mayoría de las doctrinas conservadoras y liberales (quizá con la rara excepción de alguna minoritaria que insistía en la necesidad de la mayor cantidad posible de oferentes para el mejor funcionamiento del mercado libre, viendo en las propiedades capitalistas grandes y medianas un problema porque alteraban el funcionamiento equilibrado del mismo, por lo que había que extender las leyes “anti trusts” lo más posible; así podemos ver en nuestros días al reciente Premio Nobel de Economía, Olivert Hart, defendiendo la tendencia a sustituir el modelo retributivo del salariado por el reparto de la propiedad de las empresas con los trabajadores).

En esta línea, y mostrando la enorme actualidad de ese planteamiento joseantoniano expuesto magistralmente en la conferencia que pronunciara el fundador de Falange Española en el Círculo de la Unión Mercantil, Manuel Funes Robert, economista keynesiano español fallecido no hace mucho, escribía en “elmanifiesto.com” el 8 de abril de 2008:

“(…) José Antonio vislumbra lo que yo he llamado lucha de clases en el siglo XXI, proclamando la inadvertida unidad entre obreros y empresarios, mucho antes de que la globalización reforzara aquella tesis con la aparición de la tercera clase, a cuyo estudio he dedicado muchos años.

La lección de economía de José Antonio que podemos obtener de la famosa y poco difundida conferencia es que nos ha permitido llegar a una definición concreta de un fenómeno del que todos hablan y rara vez concretan: el capitalismo. La aparición del capital constante es ciertamente lo nuevo del fenómeno, pues si siempre se empleó capital, la manera como se presenta en la etapa capitalista es económicamente distinta y políticamente decisiva. El capital constante es la constante del proceso capitalista. Y por su cuantía, sin precedentes en la Historia, crea la separación de clases, ya que son pocos los que pueden acumular a título privado semejante factor. Y al ser insensible ese capital constante a las oscilaciones de la coyuntura, siembra por paradoja las causas de las crisis capitalistas y la necesidad de anular y absorber a todo el sistema productivo anterior con su secuela de explotación del artesanado.

De forma y manera que el capital constante crea el proletariado destruyendo el artesanado. Esta magnifica lección de economía hecha por un joven de 32 años que no era economista hubiera evitado y todavía podría evitar en las facultades de Economía la fatigosa búsqueda de autores y textos para no llegar nunca o casi nunca al fondo del tema del capitalismo, como llegó en 1935 José Antonio.”

Pero es indudable que el pensamiento económico de José Antonio, pese a ser muy riguroso y coherente, y pese a poner el dedo en la llaga de aspectos tan importantes y de tanta actualidad en el siglo XXI, necesitaba ser desarrollado, pues en apenas dos años de frenética actividad política era imposible hacerlo. El primero en adentrarse en el desarrollo doctrinal del Nacionalsindicalismo fue José Luis de Arrese, autor de libros tan fundamentales como “La revolución social del nacionalsindicalismo” y “Capitalismo, comunismo, cristianismo”, libros de obligada lectura y análisis para quienes quieran estudiar la evolución y los intentos de desarrollo doctrinal del Nacionalsindicalismo en materia económica, pero que pese a sus buenas intenciones y sus ortodoxos puntos de partida, acaban sosteniendo una fórmula mixta en la que subsiste la relación bilateral de trabajo (posición jurídico-económica dominante del que da trabajo frente al que alquila el suyo) claramente denunciada por José Antonio Primo de Rivera. Es importante aclarar, pues, que la obra de José Luis de Arrese sienta unas bases perfectamente correctas e incluso más amplias que las de la época fundacional (por ejemplo en el tema de la superación del sistema de salariado), dado que estudia aspectos inéditos hasta el momento en trabajos, artículos o discursos de los fundadores. Pero las circunstancias históricas debieron pesar demasiado como para llevarle a unas conclusiones plenamente coherentes con ellas y que, inevitablemente, llevarían a una situación incompatible con la realidad económica de un régimen que no estaba dispuesto a realizar plenamente la Revolución Nacionalsindicalista y acabar con la relación bilateral de trabajo y con el sistema monetario basado en el interés. Eso era demasiado y Arrese no osó nunca cruzar esa raya (aunque sí se atrevió en diversas ocasiones a apuntar en esa dirección en algunos de sus discursos), y esto es algo que no puede olvidarse a la hora de estudiar la obra de Arrese.

Otros intentos de abordar el tema, como el de Pascual Marín Pérez y su libro “El nacionalsindicalismo español y la doctrina social de la Iglesia”, o el de Dionisio Martín Sanz (especialmente con su libro “La economía de la productividad ilumina el futuro”) han dado resultados aún peores al tratar de equiparar el modelo económico franquista con el nacionalsindicalista, llegándose a afirmar que el capitalista es un trabajador más, afirmación ésta que nada tiene que ver con el falangismo. Incluso un defensor tan decidido del modelo franquista como Carlos Iglesias Selgas, en su libro “El sindicalismo español”, reconocía que “las fuerzas en presencia no consentían una revolución social de inspiración sindicalista en la forma en que había sido concebida, en la última fase de su vida, por José Antonio Primo de Rivera. El “non nato” sindicalismo vertical se convirtió en un sistema de asociación profesional de base corporativa” y que “la Organización Sindical es, pues, un organismo o institución de colaboración. Otra cosa, muy distinta, es que en el pensamiento de quienes la fundaron latiera implícita la aspiración a convertirla en instrumento de una transformación social, cosa que compartimos muchos y que está implícita en el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, que, particularmente en la última etapa de su vida, aspiró a una auténtica revolución social que, por circunstancias comprensibles, no se ha llegado a realizar”.

No es momento aún de discutir lo “comprensibles” de tales circunstancias, pero por lo menos Carlos Iglesias sí sabe distinguir, y por ello no merece la pena entrar en el análisis detallado de las ideas desarrolladas por unos “francofalangistas” que se empeñaban cuadrar el círculo con esfuerzos necesariamente contradictorios e infructuosos. Sólo el principio relacionista del trabajo (principio nacionalsindicalista que daba más importancia y trascendencia jurídica a la naturaleza de la relación de trabajo que al contrato o la falta del mismo, algo contrario a la tradición jurídica romana que primaba la autonomía de la voluntad y que siempre había impregnado el derecho español, especialmente el civil y el mercantil) puede decirse que tuvo un reflejo claro en la legislación social de la época e incluso que ha permanecido hasta la actualidad, pese a la ofensiva neoliberal que pretende desterrarlo definitivamente de nuestro Derecho Laboral (“las partes han de ser libres para establecer el vínculo entre sí que les dé la gana y sin que nadie más tenga por qué intervenir”, suelen decirnos quienes serían capaces de aceptar incluso la esclavitud en tales casos…).

En cualquier caso, como apunta Carlos Iglesias, el papel que el Sindicato (unitario y vertical) debía tener en la economía nacional era fundamental para José Antonio. Pero no se trataba de disciplinar a los obreros por parte del Estado utilizando para ello al Sindicato como instrumento (que, a fin de cuentas, es lo que sería un “sindicato estatal”), sino de hacer realidad el principio de la democracia orgánica que dice que cada persona debe tener capacidad para discutir y decidir directamente en los ámbitos en los que es competente y tiene interés directo (frente a la democracia inorgánica liberal que teóricamente da ese derecho a todos y en todos los ámbitos –aunque no se sea competente ni se tenga interés directo en la materia–, si bien luego, ante la imposibilidad de materializar esa participación de forma efectiva, se ve obligada a recurrir al instrumento de las elecciones generales y referendos ocasionales, sin democracia directa alguna). Para José Antonio el Sindicato (al que obligatoriamente debían pertenecer todos los trabajadores, igual que los abogados deben estar colegiados para poder ejercer su profesión) era el instrumento idóneo de participación del trabajador en el mundo laboral (especialmente –aunque no sólo– en el ámbito del Sindicato de Empresa, que sería el titular de los medios de producción de forma similar a lo que sucede con las empresas cooperativas –sólo que inserto en una estructura sindical más compleja que incluiría mecanismos propios de financiación empresarial, investigación, servicios sociales para los trabajadores, etc.), y además el Sindicato debía ser órgano autónomo (no independiente) del Estado; esa autonomía incluiría capacidad de decisión en el ámbito económico-laboral, de forma que sus decisiones en el ámbito de sus competencias tendrían la autoridad de decisiones del Estado (por eso se habla de “Estado sindical”). Y no sólo eso: en el Parlamento nacional debería respetarse un porcentaje de representación sindical (forma de encauzar la representación directa de los trabajadores sin necesidad de partidos políticos), como también de otros cuerpos intermedios (no sólo la familia, el municipio y el sindicato, como esquemática y resumidamente decía –sin por ello tratarse de una lista cerrada–).

Evidentemente, en una economía liberal-capitalista de libre mercado es inaceptable que el Sindicato pueda asumir un papel económico como el propugnado por José Antonio Primo de Rivera, pero no debe olvidase que el fundador de Falange Española quería desmontar el sistema económico capitalista. Es decir, su propuesta es necesariamente para otro contexto. Por tanto la vigencia de sus propuestas va necesariamente unida a la viabilidad de la alternativa económica global que proponía, y fuera de las frases hechas y de los manidos tópicos que algunos gustan repetir incansablemente (incluyendo una serie de supuestos males terribles, casi apocalípticos, que acompañarían a determinadas medidas, aunque no se sepa explicar muy bien por qué), no hay ninguna razón técnica que demuestre que esos planteamientos pudieran ser inviables (¿quién no ha escuchado, por ejemplo, la sempiterna crítica de la supuesta inviabilidad de nacionalizar la banca antes de que la crisis económica obligara a hacer nacionalizaciones masivas de bancos en todo el mundo?; eso sí, lo que decían que era inviable en una situación económica normal ha terminado siendo la única salida en los momentos de crisis, sólo que con la perversa intención de nacionalizar la banca en crisis para sanearla con dinero público y reprivatizarla después, cuando vuelva a ser rentable, lo que demuestra claramente la falsedad de las afirmaciones acerca de la supuesta inviabilidad de una banca nacional). No son viables algunas de sus propuestas de más calado con las actuales reglas del juego, eso es evidente –exactamente igual que sucedía en 1935–, pero podrían serlo perfectamente en otro sistema económico diferente, siendo esa precisamente la tarea que corresponde afrontar a los defensores de las ideas económicas de José Antonio Primo de Rivera, que somos quienes estamos llamados a encargarnos de ese necesario desarrollo teórico.

Las aportaciones más interesantes al desarrollo doctrinal de la economía nacionalsindicalista se hicieron en las famosas charlas de “La ballena alegre”, organizadas principalmente por Ceferino Maestú y Narciso Perales en el invierno de 1964, y, ya en la década de los 90, en diversos artículos de la revista “No importa” (antes de FEI y después de FEJONS).

Respecto a FE-JONS, el I Congreso Ideológico de 1987 no profundizó prácticamente nada en el tema, e incluso ha servido para introducir no pocas polémicas fruto de imprecisiones y ambigüedades que debieron evitarse, por lo que los trabajos más interesantes, aunque poco profundos, en realidad han sido los publicados en las publicaciones periódicas: “Arriba los valores hispánicos”, “Libertad”, “En línea alternativa”, “Nosotros”, “Milenio Azul” y “No importa”. Las conclusiones del I Congreso Ideológico de FEJONS resultaron tan decepcionantes y contradictorias que estuvieron lejos de satisfacer adecuadamente la necesaria actualización y el no menos necesario desarrollo doctrinal falangista, al contrario de lo sucedido con el magnífico trabajo realizado por la Junta Política de FEJONS, que vio la luz en mayo de 2014, titulado “Pedimos y queremos”, aunque lo cierto es que se trata más bien de un programa a corto y medio plazo que de un desarrollo doctrinal profundo.

Por su importancia para el futuro desarrollo doctrinal del Nacionalsindicalismo también conviene mencionar la tendencia actual de muchos economistas interesantes (ajenos al Nacionalsindicalismo, pero cuyos estudios y trabajos pueden sernos de una gran utilidad) en el sentido de buscar alternativas al capitalismo o a aspectos esenciales del mismo. En este sentido son interesantes las aportaciones de los “socioeconomistas” –aunque su anticapitalismo es cuando menos discutible– (Amitai Etzioni, José Pérez Adán, etc.), de los partidarios de la “Democracia Económica” (David Schweickart, Luis de Sebastián, etc.), de los partidarios del “Orden Económico Natural” –es decir, de la abolición del interés– (Yoshito Otani y Margrit Kennedy han sido quienes han hecho algunas de las últimas aportaciones actualizadas a las teorías de Silvio Gesell y Gottfried Feder), de los defensores del “decrecentismo” (Serge Latouche, Carlos Taibo), y otros muchos, entre los que quiero destacar especialmente al Permio Nobel de Economía del año 2016, Olivert Hart, quien ha obtenido el citado premio por sus interesantes y profundos estudios sobre la mayor eficiencia económica de los modelos de relación laboral que sustituyen el sistema de salariado por el de participación del trabajador en la propiedad de la empresa (algo que forma parte esencial de la concepción nacionalsindicalista de la empresa). Pero aunque todos estos economistas resulten interesantes en alguno aspectos para el desarrollo doctrinal de los aspectos económicos del Nacionalsindicalismo, hay que tener en cuenta las disfunciones que suelen provocar quienes buscan completar y desarrollar las ideas nacionalsindicalistas partiendo de principios distintos y el “efecto parche” que se produce en tales casos. De ello se deduce que aún en el siglo XXI seguirá siendo fundamental para el Nacionalsindicalismo seguir muy estrechamente el desarrollo de la Doctrina Social de la Iglesia, fuente indiscutible de inspiración de esta ideología y sin cuyo conocimiento no puede entenderse la filosofía que lo impregna, aunque obviamente se trate de cosas distintas (el Nacionalsindicalismo se inspira en ella y es plenamente compatible con ella, pero no sería de ninguna manera correcto identificar a la Doctrina Social de la Iglesia con el Nacionalsindicalismo, una aspiración imposible de la que sólo se empeñan en presumir algunos pretenciosos).

Ante la falta de un desarrollo más ambicioso y para intentar dar un paso en esa dirección, se publicó en 2007 el libro “Manifiesto sindicalista” por parte del autor de este artículo, último intento y primero del siglo XXI más o menos profundo de desarrollo doctrinal de la economía nacionalsindicalista, donde se ha intentado sistematizarlo todo de la forma más coherente posible y desde la más pura ortodoxia nacionalsindicalista pero, como ya he apuntado, son tantos los aspectos que requerían una mayor profundización –o incluso una teorización completa, como es el caso del sistema monetario–, que las innovaciones han sido ciertamente numerosas.

En cualquier caso, la actualización del pensamiento económico falangista expuesto por José Antonio Primo de Rivera ha de girar necesariamente en torno a tres aspectos:

En primer lugar, intentando que las innovaciones no lo sean del todo a fin de ser coherentes, es decir, que en los tiempos fundacionales ya se hubiera apuntado algo en ese sentido, aunque no se le hubiera prestado entonces la atención necesaria. Tal es el caso, por ejemplo, del sistema monetario libre de intereses. José Antonio lo apuntó implícitamente cuando analizó la esencia del capitalismo en su magnífica conferencia en el Círculo Mercantil, pero mucho antes en “La Conquista del Estado” Ramiro Ledesma Ramos ya había publicado el interesante artículo de Gottfried Feder –ya mencionado anteriormente– sobre el mismo tema.

En segundo lugar, procurando que las innovaciones sean consecuencias necesarias –o al menos lógicas y coherentes– de una serie de principios o propuestas económicas de ortodoxia probada. En este sentido, por ejemplo, no creo que pueda considerarse heterodoxa una propuesta de cancelación de la obligación de pagar una renta por la vivienda en situaciones similares a las que la Falange fundacional contempló en el caso de la tierra (en casos de necesidad y como medida de urgencia hasta que se pueda hacer la reforma necesaria que acabe con el problema). Pero ello tampoco significa que no pueda haber otras soluciones perfectamente ortodoxas, por supuesto.

Finalmente, no puede evitarse que haya alguna innovación sin apoyatura clara en la ortodoxia fundacional, pues la complejidad de la economía actual está muy lejos de la de los años 30 del siglo XX. En tales casos habría de procurarse que las aportaciones se ajusten plenamente a los principios básicos del Nacionalsindicalismo propugnados por José Antonio y que no contradigan a ninguno de ellos. Claro que este criterio también es perfectamente compatible con soluciones distintas a un mismo problema, por lo que las alternativas posibles pueden ser varias.

Pero, ¿qué aspectos del pensamiento económico de José Antonio Primo de Rivera, el Nacionalsindicalismo, siguen vigentes en nuestros días? Para responder a esa pregunta conviene recordar, si quiera sea resumidamente, los principios básicos de su pensamiento en esa materia: la sindicalización de la economía nacional (pero no sobre la base del actual sindicalismo de clase, sino a través de un sindicalismo unitario y vertical); que sean los propios trabajadores, a través de los Sindicatos unitarios y verticales, los propietarios de los bienes de producción de las medianas y grandes empresas (salvando la propiedad individual de las pequeñas y la familiar de las que esencialmente lo sean); la propiedad privada ha de respetarse y, en cualquier caso, debe fundamentarse en la propia naturaleza de los bienes (los de uso y consumo, individuales; las viviendas, pequeños negocios, etc., familiares; los de producción, sindicales o comunales y los de interés social o nacional, estatales); el motor de la economía, el valor del dinero, el derecho al beneficio y la dignidad laboral del trabajador no pueden tener otro fundamento que el del trabajo; nacionalización de los servicios públicos y de los recursos naturales, que por su propia naturaleza no deben ser de propiedad privada; la especulación y la usura deben estar prohibidas; la banca debe ser nacionalizada por tratarse de un servicio público; el mercado no debe ser ni libre ni dirigido, sino intervenido –la “Norma Programática” dice en su punto 11 que “el Estado Nacionalsindicalista no se inhibirá”– en base a una planificación indicativa para evitar las habituales disfunciones de los mercados libres; proteccionismo comercial –al menos de una forma abierta en materia agraria y ganadera, por lo que es deducible que también en materia industrial–; respeto al papel competencial que, también en materia económica, han de tener los cuerpos intermedios (familia, municipio, sindicato, etc.); concepción del trabajo más como un deber que como un derecho; etc.

Una simple lectura de esas propuestas económicas basta para sacar una conclusión similar a la que ya mencionamos en materia agraria y ganadera: el contexto actual ha variado sustancialmente; España ha dejado de ser un país agrario para –tras haber sido durante cierto tiempo esencialmente industrial– ser ahora un país de servicios cuya principal actividad es el turismo; pertenecemos a la Unión Europea y a diversos organismos mundialistas (como la Organización Mundial del Comercio o el Fondo Monetario Internacional) que nos han quitado soberanía (hasta la moneda, pues el Euro no es una moneda nacional, sino una divisa cuya emisión y tipos no podemos decidir soberanamente), etc.

Lo cierto es que estamos asistiendo a unos momentos históricos de la economía mundial en los que es más necesario que nunca que haya una propuesta económica realmente alternativa al decadente y agónico capitalismo actual y al Orden Mundial que se sirve de él para ahogar la soberanía de las naciones (empezando por la económica y monetaria) y así satisfacer más fácilmente sus pretensiones imperialistas, y el Nacionalsindicalismo hoy lo tiene todo para ser esa alternativa real. ¿Por qué? Porque no se limita a proponer parches a lo que hay, sino que tiene una idea global, un sistema total en el que todo tiene su sentido. Sólo el marxismo ofreció en los siglos XIX y XX una aparente alternativa total a la economía capitalista (no entraremos ahora en analizar hasta qué punto era una alternativa al capitalismo o, como sostenemos nosotros, una variante distinta del capitalismo que muchas veces se ha calificado, con mucha razón, como “capitalismo de estado”).

La vigencia o no del Nacionalsindicalismo dependerá de si es o no capaz de dar respuesta a las grandes preguntas clave de nuestro tiempo, que son precisamente las que actualmente nadie es capaz de responder hoy. Estas preguntas y las respuestas que ofrece el Nacionalsindicalismo son: ¿cómo puede sostenerse un sistema económico basado en el crecimiento exponencial permanente, cuando los recursos del planeta son finitos?; no puede, y la situación de crisis actual tiene mucho que ver con eso: es insostenible el crecimiento ilimitado y además destruye ambientalmente el planeta; ¿qué respuesta puede darse a esta situación?; la de una economía como la que propone el Nacionalsindicalismo: eliminación de la economía financiera ficticia, moneda respaldada únicamente por el valor real del trabajo en forma de producción y existencia de bienes y servicios, crecimiento económico y financiero limitado únicamente al crecimiento de las necesidades a cubrir; ¿y cómo hacer rentable una economía en la que las empresas no busquen a toda costa el crecimiento y el incremento de la productividad?; sólo con un sistema monetario libre de intereses, basado en la moneda natural y destinado a un tejido productivo que no necesite pagar dividendos, para lo que es imprescindible cambiar el régimen de propiedad de los bienes de producción, haciendo que los trabajadores sean los dueños de sus empresas (algo que el reciente Premio Nobel de Economía, Olivert Hart, ha demostrado que es técnicamente más eficiente que la propiedad capitalista) a través del Sindicato de Empresa; ¿cómo puede sostenerse una economía alternativa en un mercado mundial cada vez más desregulado?; no puede –como tampoco pueden ya las empresas actuales–, pues la competencia desleal la haría ruinosa, por lo que es necesario volver a levantar fronteras con las que proteger nuestra producción y a nuestros trabajadores, caminando progresivamente hacia la relocalización de la producción y distribución para ganar en eficiencia por la vía de la reducción de costes en esos ámbitos. Es decir, la tendencia de la economía de las últimas décadas –que ha sido la que hacía parecer desfasadas algunas propuestas económicas del fundador de Falange Española– hacia la mundialización, el productivismo a todo trance y el mercado planetario desregulado, con grandes economías de escala y deslocalizaciones de empresas, ha demostrado que es ruinosa e inviable a largo plazo, por lo que justamente cada vez recobran mayor interés y vigencia las propuestas que hacía José Antonio Primo de Rivera en 1935.

Como consecuencia de la situación de crisis sistémica del capitalismo, a estas alturas del siglo XXI tampoco es posible ignorar la creciente influencia de movimientos políticos y sociales de todo tipo, en muchos aspectos distintos y hasta muy distantes entre sí, que, si bien no ofrecen una alternativa real, profunda y sistemática al sistema económico capitalista –como sí hace el Nacionalsindicalismo–, coinciden en reclamar una vuelta a las soberanías nacionales, a la revalorización de las fronteras como garantía de defensa de los trabajadores frente al mundialismo que todo lo arrasa con su fomento de la competencia desleal –empezando por los derechos sociales y laborales que tanto esfuerzo costó conseguir–, a la relocalización de la producción y distribución –frente a la dictadura de los mercados mundiales–, a la producción ecológica y natural –frente a las ingentes producciones de escala, muchas veces a base de productos transgénicos, que hunden precios y mercados–, a la productividad basada en el crecimiento sostenido y hasta en el decrecimiento –frente a diabólica y económicamente insostenible tendencia al crecimiento constante e indefinido, absolutamente inherente al modelo de producción capitalista e insostenible técnicamente a largo plazo–, a la economía real –frente a la financiera y especulativa–, etc.

Vivimos, aunque muchos aún no sean conscientes de ello, una época apasionante de transición y, como siempre sucede en estos momentos históricos, los miopes –ciegos más bien– no son capaces de adivinar el mundo nuevo que viene –enrocados como están en los esquemas de ese pasado que se hunde ante ellos sin darse cuenta– y se dedican a fustigar a los visionarios que proponen verdaderas alternativas como “utópicos idealistas”.

Yo siempre digo que la principal diferencia entre un loco y un genio radica en que el segundo tiene talento (pienso, por ejemplo, en un Dalí, que si no fuera por su talento seguramente se hubiera pasado la vida en un centro psiquiátrico). De la misma forma, la principal diferencia entre un utópico y un visionario radica en que el segundo no propone cosas imposibles, aunque lo parezcan con una mirada superficial, sino realmente rigurosas y factibles –cuando no necesarias–, sólo que tan adelantadas a su tiempo que son tenidas por sus coetáneos como inviables (pienso en algunos de los grandes inventores, como Da Vinci, Torres Quevedo o Tesla, muchos de cuyos inventos sólo fueron entendidos y considerados viables muchos años después de su muerte). En este sentido creo que las principales ideas económicas de José Antonio Primo de Rivera son –no sólo fueron, son– tan visionarias, que aún hoy, bien entrado el siglo XXI, a muchos ciegos y miopes anclados en los viejos esquemas del siglo anterior les siguen pareciendo imposibles de llevar a la práctica, aunque no se sepa explicar por qué, ¡y ello pese a que el futuro cada vez las está poniendo más en valor como alternativa de futuro!

Creo, en definitiva, que ese visionario que fue –y, a través de sus ideas, sigue siendo– José Antonio Primo de Rivera, tenía tanta razón para decir en noviembre de 1935, como tendría para decir hoy –lo que certificaría la plena vigencia de lo esencial de su pensamiento económico– que “esa es la labor verdadera que corresponde a España y a nuestra generación: pasar de esta última orilla de un orden económico social que se derrumba a la orilla fresca y prometedora del orden que se adivina, pero saltar de una orilla a otra por un esfuerzo de nuestra voluntad, de nuestro empuje y de nuestra clarividencia; saltar de una orilla a otra sin que nos arrastre el torrente de la invasión de los bárbaros”.

jueves, 5 de enero de 2017

Cuando los "talibán" pretenden dar lecciones de historia... (y II)

Después de la última Junta General Ordinaria de 2016 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), donde los miembros de la ALA, Asociación Libre de Abogados (sigo sin comprender cómo una asociación de abogados se define como "libre de abogados", como si se hubiera "librado" de ellos...) propuso por enésima vez la retirada a José Antonio Primo de Rivera del título de Decano Honorario del ICAM, escribí el 1 de diciembre de 2016 el siguiente artículo: http://clamareneldesierto.blogspot.com.es/2016/12/cuando-los-taliban-pretenden-dar.html

Ni qué decir tiene que los compañeros de la ALA insisten en sus pretensiones y se han empeñado en las redes sociales en suscitar dudas sobre la fuente en que basé mi respuesta y mi artículo (el libro "José Antonio Abogado", del reputado historiador argentino Enrique Pavón Pereyra y del español Agustín del Río Cisneros, dos de los mayores expertos en la figura de José Antonio Primo de Rivera). Según ellos una fuente no es suficiente y es "autoreferencial" (sic).

Pues bien, dado que sobre José Antonio se ha escrito mucho sobre su vida política, poco sobre su vida personal y casi nada sobre su vida profesional, estas pasadas navidades de 2016 aproveché para ojear algunos libros, uno de los cuales era la tesis doctoral del politólogo francés Arnaud Imatz, defendida en el país vecino en 1975 y publicada por vez primera en España en 2003 (en ambos casos bajo el título "José Antonio, Falange Española y el Nacionalsindicalismo", aunque años después vio a la luz en nuestro país una nueva versión más divulgativa, que no tengo, con el título de "José Antonio, entre odio y amor"). En la página 73 de la edición española de dicha tesis doctoral, también se refiere, al igual que los historiadores Pavón y del Río, al hecho del nombramiento de José Antonio como Decano perpetuo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el 29 de marzo de 1931.

No sé si la tesis doctoral (calificada con la máxima nota) de un politólogo francés tan reputado como Arnaud Imatz, que dedicó muchos años de su vida a este trabajo, será o no una fuente fiable para los compañeros de la ALA o también les parecerá una demostración "autoreferencial"...

jueves, 1 de diciembre de 2016

Cuando los "talibán" pretenden dar lecciones de historia... (I)



Muchos lo recordamos perfectamente. Fue en marzo de 2001. El ministro de Asuntos Exteriores de los talibán, Wakil Ahmed Muttawakel, informó al secretario general de la ONU, Kofi Annan, de que las dos colosales estatuas de Buda, de 55 y 36,5 metros de altura, esculpidas en roca entre los siglos III y IV en la provincia central afgana de Bamiyán, fueron dinamitadas. Los talibán difundieron las terribles imágenes que pronto dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en el símbolo de la barbarie. Para los talibán no importaba su gran valor histórico y cultural: representaban un pasado que odiaban, unas imágenes de un personaje histórico y religioso al que consideraban contrario a sus principios y valores, algo que, por lo tanto, había que destruir y borrar de la historia de Afganistán.

Los "talibán" españoles obviamente tienen sus diferencias con los afganos, pero comparten con ellos ese odio a todo pasado que represente cosas diferentes a las que ellos defienden, odio que también les lleva a humillar a los muertos que ya no se pueden defender y a destruir estatuas, placas, escudos y cualquier otro recuerdo con connotaciones más o menos políticas de la época histórica que va desde el 18 de julio de 1936 al 20 de noviembre de 1975. Nunca antes se vivió en España una furia "talibán" como esta que dio luz verde a la totalitaria Ley 52/2007 (conocida como "Ley de Memoria Histórica") por la cual se establecía una versión oficial de la historia de España de dicho periodo. Cualquier vestigio de dicha época debía ser destruido. En la larga historia de España, repleta de episodios buenos y malos, con guerras civiles tanto dinásticas como ideológicas, con revoluciones y reinados tremendos, con dictaduras y restauraciones, con gobiernos liberales y conservadores, revolucionarios y reaccionarios, jamás nadie promulgó una ley que obligara a mantener una versión oficial de la historia (tarea impropia de los legisladores y que sólo a los historiadores compete) y que estableciera la obligatoriedad de destruir todo legado histórico y/o cultural de una época. Sólo de la mentalidad propia de un "talibán" (en este caso, el señor Rodríguez Zapatero) podía salir una cosa así. Y salió...

El pasado 15 de noviembre de 2016 tuvo lugar una Junta General Ordinaria del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al que tengo el honor de pertenecer, y ese día volvió a aparecer en la sala de tan noble institución un espíritu que me recuerda mucho al de esos fanáticos "talibán": una proposición pedía la retirada del título de "Decano Honorario" a José Antonio Primo de Rivera, alegando la aplicación de esa totalitaria Ley de Memoria Histórica. Sus promotores (una asociación que se define a sí misma como "libre de abogadas y abogados", aunque afirma defenderlos y representarlos; supongo que sus problemas para definirse se deben a su obsesión por rechazar las normas lingüísticas de la Real Academia Española de la Lengua, prefiriendo utilizar los absurdos cánones del "lenguaje políticamente correcto") presentaron varias propuestas (algunas razonables, la verdad ante todo), llamándome especialmente la atención dos de ellas: la de conminar a la Junta de Gobierno del Colegio a que utilice un "lenguaje no sexista" (es decir, obligar a eludir las normas lingüísticas de la RAE y a utilizar un lenguaje igual de ridículo que el que ellos utilizan -ya se sabe que casi todos los que presumen mucho de "libertad" suelen tener un especial gusto por obligar y prohibir cosas a los demás-) y la de retirar la citada distinción a José Antonio Primo de Rivera (propuesta que ya han hecho en ocasiones anteriores, porque persistentes y cansinos, la verdad es que lo son).

A mí me sonaba haber leído hace tiempo que la distinción a José Antonio se le había otorgado antes de la Guerra Civil, pero como no estaba seguro acudí a los libros de historia. De la docena de biografías que tengo sobre la figura de José Antonio, casi todas se centran en su vida política y pasan muy rápido y superficialmente sobre su actividad profesional. Sólo una obra aborda en exclusiva, con profundidad y detalle, el estudio de la faceta profesional del personaje, dedicando además un capítulo entero a la relación que mantuvo con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid: "José Antonio, abogado" (obra del reputado historiador argentino Enrique Pavón Pereyra y del español Agustín del Río Cisneros, dos de los mayores expertos en la figura de José Antonio Primo de Rivera y sobre el que publicaron innumerables libros, empezando por sus Obras Completas). Mi edición es la segunda (revisada de posibles errores), publicada en 1969, y es ahí donde veo confirmada mi sospecha inicial: en la página 37 (y en la cronología de la página 292) se explican las actividades de José Antonio en el Colegio de Abogados de Madrid entre finales de los años 20 y principios de los 30 y cómo en atención a esos impagables servicios el Colegio le otorga la distinción de "decano perpetuo" en la sesión de la Junta de Gobierno del 29 de marzo de 1931.

Yo sabía que durante la Guerra Civil el Colegio fue tomado por abogados adictos al Frente Popular que expulsaron y retiraron todas las distinciones a los abogados de ideas opuestas (entre ellos a José Antonio) y que en lugar de ayudar a todos los colegiados, a estos los despreciaron y permitieron el exterminio físico de muchos de ellos (algunos tan ilustres como el Decano Don Melquiades Álvarez), y que de la misma manera en 1939 la nueva Junta de Gobierno expulsó a otro numeroso grupo de colegiados activos durante la pasada contienda. En atención a unos y otros, la actual Junta de Gobierno tomó la decisión (acertada en mi opinión) de anular ambas decisiones, restituyendo a todos, incluido José Antonio, a su condición anterior dentro del Colegio. Solución salomónica con la que se pretendía restañar heridas del pasado y que creo que a todos contentó, excepto -al parecer- a esa asociación "libre de abogadas y abogados".


En la reunión de la Junta General Ordinaria del pasado 15 de noviembre de 2016 intervine para aclararles a los colegas de la ALA (la citada "Asociación Libre de Abogadas y Abogados") la cuestión relativa al título honorífico concedido a José Antonio Primo de Rivera e informarles de los errores, tanto históricos (los ya explicados, de acuerdo a la información de los historiadores Pavón y del Río) como jurídicos que contenía su proposición. 


Respecto a estos errores jurídicos, la tesis que expuse fue la siguiente: al caso de José Antonio Primo de Rivera no les es aplicable (como pretendía la ALA) el artículo 15.1 de la Ley 52/2007 de "Memoria Histórica", tanto por estar incluido en la excepción del artículo 15.2 de la misma (que exige que el objeto de la exaltación sea en concreto la confrontación bélica o el franquismo, y no otros méritos del personaje conmemorado), como porque en todo caso procedería aplicar el artículo 4 (el derecho a la reparación y reconocimiento de las víctimas de la guerra civil, y José Antonio si tuvo algún protagonismo en la misma fue precisamente como víctima), especialmente después de que el artículo 3.1 de la citada Ley declarara la ilegitimidad del "Tribunal popular" que le condenó a muerte (en lo que fue una auténtica parodia de juicio que pasó a la historia judicial como ejemplo de lo que es una verdadera farsa disfrazada de "justicia", digna de ser estudiada en todas las facultades de Derecho -y que siempre debería ser recordada por el Colegio al que perteneció como un ejemplo de injusticia manifiesta-, con un "tribunal" compuesto por miembros de los partidos políticos enemigos del reo y con una orden de condena emitida desde Moscú antes del juicio y transmitida en persona por el conocido agente soviético Aleksandr Mijáilovich Orlov)

Terminé mi intervención apelando a la necesidad de no politizar el Colegio y de amparar a todos los colegiados, fueran del color político que fueran, desde José Antonio hasta los abogados laboralistas del despacho de Atocha.

Puede escucharse mi intervención en este enlace: 
http://www.ivoox.com/intervencion-jorge-garrido-colegio-de-audios-mp3_rf_13772443_1.html

Como es de suponer, mi intervención sentó muy mal a los promotores de la iniciativa, quienes, como los malos estudiantes, en lugar de estudiar antes del examen, una vez son suspendidos repasan los libros y después se agarran a cualquier cosa para pedir una revisión al profesor. Por eso se descuelgan estos días con un artículo en el que pretenden presumir de darme "una lección de historia"... Pero, ¿qué lección? Resumidamente dicen que no les consta ningún nombramiento anterior al de 1939 (que es el de "decano honorario", no "perpetuo") y que la decisión de 1939 es de carácter político por estar vinculada a la victoria militar franquista.

Su pretendidamente "aleccionador" artículo puede leerse aquí: 
http://ala.org.es/junta-general-ordinaria-del-icam-de-15-de-noviembre-de-2016-leccion-de-historia-para-un-falangista/

Pues bien, como ya he explicado antes (con datos históricos que la ALA se empeña en ignorar), en esta entrada pongo la información histórica que afirma el nombramiento como "decano perpetuo" de José Antonio en 1931, si bien es cierto que no siempre se ha conservado la documentación completa de muchas instituciones durante la guerra civil e ignoro si tal acuerdo -y la documentación correspondiente del mismo- se conserva o no, pues mucha documentación referida a José Antonio ha desaparecido de los archivos oficiales. Así, por ejemplo, recuerdo que en el año 2000 el Ateneo de Madrid retiró el retrato de José Antonio de su galería de ateneístas ilustres alegando que no les constaba que hubiera pertenecido nunca al Ateneo, ya que era imposible cerciorarse de ello porque durante la guerra civil desaparecieron gran parte de los archivos (y ello pese a que todos los historiadores, de manera unánime, describen numerosas anécdotas del personaje en el Ateneo, certificando todos su pertenencia al mismo). De la misma forma, el expediente académico de José Antonio desapareció también y no ha sido encontrado (no sé si para mis colegas de la ALA eso pone en duda que llegara estudiar y acabar la carrera de Derecho y que llegara a ser Abogado...).

Los historiadores citados dicen que el nombramiento de 1931 fue el de "decano perpetuo", ahora bien, la ALA dice que dicho título no estaba regulado entonces, lo que le haría ilegal. Como desconozco los detalles del funcionamiento del Colegio en aquéllos años, no puedo afirmar rotundamente nada al respecto (más allá de constatar lo ya dicho por los citados historiadores), pero perfectamente pudiera ser que al tratarse de un título honorífico no estuviera regulado en los Estatutos y sí en algún reglamento interno (muchas instituciones, especialmente en tiempos pasados, recogían sus recompensas y distinciones en reglamentos específicos que no figuraban en los Estatutos, y eso no los hacía ilegales en absoluto, por mucho que desde la ALA se afirme lo contrario). Nada más puedo afirmar o negar al respecto, razón por la cual me sorprende la rotundidad con la que mis colegas de la ALA se atreven a hacer tal afirmación temeraria, en contra -repito- de lo que afirman los historiadores y sin más apoyo que el de una simple deducción de la que sacan una conclusión (la de la ilegalidad del nombramiento) difícil de sostener sin más información que la disponible.

Aunque mis colegas de la ALA se limitan a afirmar que me han dado "una lección de historia" (no sé cuál, dado que pocas novedades aportan a lo que ya sabíamos, pero bueno), obviando que les recriminé no sólo un error histórico, sino también otro jurídico (que ni se molestan en intentar desmontar), lo cierto es que en la parte final de su artículo dan a entender (sin argumentar jurídicamente nada) que la Ley 52/2007 de Memoria Histórica (supongo que se refieren al artículo 15.1, aunque ni ese detalle aportan) sí sería aplicable al caso del título concedido a José Antonio por el Colegio. Eso sí, sin percatarse de un detalle del acuerdo de 1939 que ellos mismos reproducen y que remite a cuestiones profesionales de José Antonio: tras mencionar la concesión del título de "Decano Honorario", se acuerda también “Editar, entre otras, y de manera preferente, la biografía de José Antonio, destacando su actuación profesional”. ¿Por qué es aplicable el artículo 15.1 de la Ley 52/2007 al caso, cuando ya argumenté -cosa que ellos no hacen- la razón por la que no lo es? No lo sabemos... Ellos no argumentan, sólo afirman, así que seguiremos esperando -sentados, eso sí- a ver si en algún momento se dignan hacerlo.


Finalmente, me llama mucho la atención la última frase del artículo de mis colegas de la ALA, que dice textualmente: "Sería conveniente que el colegiado que intervino en los términos que se han expuesto también se documentara para evitar intervenciones tan faltas de fundamento y verdad como la mencionada y, de paso, que también nos hubiera informado de que además de colegiado del ICAM es Vicesecretario General de Falange española de las JONS."


Pues bien, como he demostrado en este artículo, mi intervención no sólo estaba bien fundamentada, sino que buscaba defender la verdad apoyándome en los libros de historia y desenmascarar el sectarismo político que destilaba la propuesta de la ALA, que es la que carece de fundamento, tanto histórico como jurídico. Si me demuestran que los historiadores citados se equivocaron, no tendré inconveniente en darles la razón, pero hasta ahora nada de lo escrito en su artículo demuestra que eso sea así.

Y en lo referente a que debí informarles de que además de colegiado del ICAM soy Vicesecretario General de Falange Española de las JONS... ¿qué decir? Yo entiendo que quienes gustan de politizarlo todo y de dividir a las personas y a las instituciones entre quienes son "de los suyos" y quienes no, quieran conocer las ideas políticas de todo el mundo, a fin de tratar de utilizar eso a su favor. Ahora bien, señores de la ALA, ¿desde cuándo un colegiado tiene que explicar su biografía para intervenir en una Junta General, diciendo si pertenece a algún partido político, confesión religiosa o club de fútbol? ¿Les gustaría acaso obligar a todos los colegiados a que antes de hablar declaren su filiación política? ¿Acaso no saben que la Constitución Española dice que "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias" (artículo 18.2)? En cualquier caso, y siendo pública y notoria mi filiación política, ¿no se dan cuenta de lo absurdo e improcedente que sería que, al intervenir en las Juntas del ICAM, empezara informando de mi condición de Vicesecretario General de FEJONS? Comprendo que para Vds. sea importante etiquetar a la gente para poderle poner los oportunos "sambenitos", pero cuando intervengo en las Juntas del ICAM no lo hago en razón de mis actividades o cargos políticos, sindicales, culturales, vecinales o deportivos (que también los tengo), señores de la ALA, sino únicamente en mi condición de colegiado del ICAM, como abogado en ejercicio que soy. ¿Tanto les cuesta entenderlo?


En resumen, el artículo de la asociación "libre de abogados" (que, haciendo honor a su curioso nombre, quiere también "librarnos" del abogado José Antonio Primo de Rivera en el Colegio) no aporta prácticamente nada, incide únicamente en los datos ya conocidos, no demuestra nada que contradiga a los historiadores Pavón y del Río y sólo persigue politizar el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, crear mal ambiente "guerracivilista" y faltar al respeto a un ilustre colega, José Antonio Primo de Rivera, que tenemos el gran honor de que formara parte de nuestro Colegio, al que aportó tanto de su tiempo, esfuerzo e ilusiones, y que sólo por ello merece seguir ostentando el título honorífico de "Decano" (honorario o perpetuo, tanto da), al igual que merecen toda nuestra consideración tantos otros ilustres colegas de ideologías diversas que han pasado por nuestro Colegio. 



Todos los abogados que han pasado por este Colegio deben merecer nuestra consideración y respeto, aunque no nos gusten las ideas que representaran, y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con sus cuatro siglos de historia, debe seguir siendo el Colegio de TODOS, sin caer nunca en actitudes que recuerden a las de los "talibán" afganos y sus tristemente conocidas "lecciones de historia". 



Ojalá algún día puedan llegar a entenderlo mis colegas de la ALA...



ACTUALIZACIÓN: Estas pasadas navidades de 2016 aproveché para ojear algunos libros, uno de los cuales era la tesis doctoral del politólogo francés Arnaud Imatz, defendida en el país vecino en 1975 y publicada por vez primera en España en 2003. En su página 73 (edición española) también refiere el hecho del nombramiento de José Antonio como Decano perpetuo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el 29 de marzo de 1931.

domingo, 28 de agosto de 2016

"De la Cristiandad a la Modernidad" (extracto); Madrid, 26 VIII 2016


Espero que os guste este amplio extracto de la conferencia titulada "De la Cristiandad a la Modernidad", que pronuncié en el local intersindical del Ministerio de Defensa en Moncloa (Madrid), el pasado 26 VIII 2016.

Comento en este extracto las fases de destrucción de la Cristiandad que enumera Francisco Elías de Tejada (y que hoy sigue su discípulo Miguel Ayuso) y en parte las enmiendo y completo siguiendo las tesis de Rubén Calderón Bouchet y, en menor medida, Rafael Gambra. Entre unos y otros creo que se puede hacer una síntesis mucho más precisa y completa sin por ello perder apenas en claridad pedagógica.


martes, 9 de febrero de 2016

Escrito exigiendo la reposición de la placa al sindicalista de la CONS José García Vara

Como Presidente del Foro Social Manuel Mateo, ante la sucesión de ataques sectarios al patrimonio histórico-cultural realizados en las últimas fechas por el Ayuntamiento de Madrid, me he visto obligado a dar un paso al frente para plantar cara a semejantes barbaridades.

Ojalá muchos madrileños den también su paso al frente y, copiando en lo esencial este escrito, presenten uno propio para presionar entre todos un poco más.

Reproduzco el texto de la noticia tal y como aparece en el blog del FSMM: http://forosocialmanuelmateo.blogspot.com.es/2016/02/el-fsmm-exige-la-reposicion-inmediata.html

Ante la orgía de bárbaras acciones de esta semana por parte de los "talibán" que gobiernan el Ayuntamiento de Madrid, que a golpe de martillo y piqueta están destruyendo el patrimonio histórico-cultural de los madrileños por razones puramente ideológicas y de odio a los que pensaban o piensan diferente a ellos, al más puro estilo de los islamistas del DAESH o de Afganistán (resulta imposible no ver en estas acciones las mismas actitudes y "razones" de odio fanático de quienes destruyeron los budas de Bamiyán, el museo de Mosul o las ruinas de Palmira), el Foro Social Manuel Mateo ha exigido en el día de hoy la reposición inmediata de la placa de recuerdo y homenaje al sindicalista -asesinado en 1935- José García Vara, dando un plazo para su reposición de 10 días, transcurridos los cuales emprenderemos las acciones judiciales pertinentes, dado que su eliminación ha sido un abuso completamente ilegal.

Seguiremos defendiendo el patrimonio histórico-cultural madrileño contra cualquier futura acción de similar naturaleza, pues mucho nos tememos que esto no ha hecho más que empezar.

Animamos a todos los vecinos sensibilizados con este tema a que presenten escritos similares en los registros municipales a fin de que la presión social ayude a reponer las cosas a su lugar y a que la sensatez vuelva al consistorio municipal.

El texto del requerimiento registrado en el día de hoy es el siguiente:

"Al EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MADRID 
(CONCEJALÍA DE CULTURA Y DEPORTES)


Don Jorge Garrido San Román, mayor de edad, con DNI n.º --------, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle -----, n.º --, -----, CP 28.39 de la Villa de Madrid, en mi calidad de Presidente de la asociación “FORO SOCIAL MANUEL MATEO” comparezco ante este órgano administrativo y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

1.) Que por parte del Ayuntamiento de Madrid, en fecha 1 de febrero de 2016 se ha realizado una actuación consistente en la retirada de una placa conmemorativa situada en la calle Arrieta número 4 de Madrid en homenaje a José García Vara, panadero, fundador del sindicato de panaderos de la Central Obrera Nacional Sindicalista que fue asesinado por sus actividades sindicales el 2 de abril de 1935. Dicha placa fue colocada por el “Centro Social Manuel Mateo”, entidad privada que no es de titularidad municipal, de la que se considera continuadora el “Foro Social Manuel Mateo” que presido, y que entre sus fines tiene, según el artículo 2.a de sus Estatutos, el de la “defensa de los intereses generales de los vecinos, en calidad de usuarios y destinatarios finales de la actividad urbanística, cultural,(…), etc. (…)” de Madrid.

2.) Dicha actuación, que ha sido llevada a cabo sin tramitación de procedimiento administrativo legitimador alguno, conlleva la vulneración flagrante de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, también conocida como “Ley de Memoria Histórica”.


3.) El acontecimiento que rememora la placa retirada por orden de la Concejalía de Cultura y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, es el asesinato cobarde en una emboscada del sindicalista José García Vara, ocurrido en la calle Arrieta 4 de Madrid el día 2 de abril de 1935; es decir, un año y tres meses antes de que estallase la Guerra Civil española. En consecuencia, el contenido de la referida placa queda fuera del objeto de la Ley 52/2007, y su retirada no encuentra amparo en el artículo 15 de la misma que expresamente exige que el objeto retirado conmemore la sublevación militar del 18 de julio de 1936, la Guerra Civil o la posterior dictadura, algo que en modo alguno sucedía con dicha placa. 

4.) Igualmente, esta actuación material del Ayuntamiento de Madrid supone un quebrantamiento del procedimiento administrativo, pues la misma se ha realizado sin esperar a la elaboración del plan integral que el Pleno del Ayuntamiento acordó el pasado 22 de diciembre de 2015 y sin la existencia de un expediente justificativo en el que se sustente la retirada de la placa que ya se ha producido.

En virtud de lo expuesto,

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID solicito, mediante el presente escrito, y al amparo de lo que dispone el art. 30 LJCA, tenga por formulado el presente REQUERIMIENTO al objeto de que cese de inmediato la actuación material de esta Administración, que es constitutiva de VÍA DE HECHO, adoptando las medidas precisas para reponer las cosas al estado anterior, restituyendo la placa conmemorativa del asesinato de José García Vara al lugar exacto de donde ha sido retirada, en el bien entendido que si esta intimación no es atendida en el plazo de diez días, quedará libre la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, frente a las mencionada vía de hecho de la Administración, así como la vía jurisdiccional penal contra los responsables de la misma.

En Madrid,  a 4 de febrero de 2016.
EL PRESIDENTE

Jorge Garrido San Román"

miércoles, 20 de enero de 2016

¿Es que ya no quedan hombres?

Dicen que el filósofo cínico Diógenes, el mismo que vivía en una tinaja y que sólo pedía a Alejandro Magno que no le tapara el sol, cierto día caminaba por las calles con un farol encendido mientras decía: "busco un hombre". Como buen pensador cínico que era, consideraba -con excesivo pesimismo, aunque no exento de cierta razón- que no había ningún hombre realmente honesto en el mundo, y de esa manera quería llamar la atención sobre ello.

Gente miserable, cobarde y ruin siempre ha habido y siempre habrá, pero hoy, al comprobar uno de esos comportamientos (que no iba dirigido a mí, pero sí a una persona que tengo en alta estima y a la que se hizo un ataque injusto y cobarde en cierta red social de Internet), me vinieron a la mente tanto esa reflexión de Diógenes, como -con menos profundidad intelectual- la célebre expresión del humorista "Chiquito de la Calzada": "¡Cobaaaarde!".

Efectivamente, la miseria humana -consecuencia, sin duda, de nuestra naturaleza caída a causa del pecado original- en ocasiones se manifiesta con actitudes como esta. Quienes tenemos ciertos valores y aún creemos en algunos de los más sublimes, como el honor, la fidelidad, el valor de la palabra dada, y otros similares, no conseguimos acostumbrarnos a que haya quienes pasan de saludar afectuosamente a darle a alguien cuchilladas por la espalda sin que haya sucedido nada que lo explique (no digo "que lo justifique" porque estos comportamientos indignos nunca están justificados). 

Antes, cuando había hombres de verdad, es decir, cuando se respetaban ciertos valores y principios que ya respetamos sólo una exigua minoría que aún tenemos como un título de honor el considerarnos caballeros, las cosas se decían a la cara, asumiendo la responsabilidad correspondiente y sosteniendo la mirada, y quien no se atrevía a hacerlo así era considerado un cobarde. Hoy, quizá como reflejo de una sociedad moralmente enferma, ya somos pocos los que aún decimos las cosas así. Los cobardes lo tienen más fácil que nunca con la proliferación de la tecnología (ya lo comenté hace años en este blog cuando hablé de "La cobardía del nick"), y así hoy en día muchos dejan a la novia enviándole un "whatsapp" o acusan a quien sea de cualquier falsedad con un comentario en Facebook o con un "twitt", seguros de que así la falsedad correrá como la pólvora sin que la persona aludida tenga la menor oportunidad de defenderse.

Es bueno alejarse de las personas que actúan de esta manera, pues aunque no nos hayan hecho nada, tarde o temprano lo harán. Su comportamiento delata su falta de valores, por lo que no son personas de fiar.

Por eso me pregunto: en esta sociedad decadente, ¿es que ya no quedan hombres?

Quedamos, pero pocos, muy pocos; cada vez menos, porque somos una especie en peligro de extinción...

sábado, 16 de mayo de 2015

José Antonio no era Primo de ese Rivera que preside Ciudadanos



En Ciudadanos andan estos días de "purgas de falangistas". Primero fue en Getafe, luego apareció el caso de Valdemoro, después vinieron los de Gijón, Totana, Murcia... Cada caso es distinto, desde los que fueron falangistas y ya no lo son, hasta los que están en Ciudadanos sin renegar de sus ideas falangistas (lo cual me parece incomprensible, salvo que no se haya comprendido o lo que es la Falange o lo que es Ciudadanos -o ninguna de las dos cosas, que también puede ser-). 


Yo reconozco el derecho de toda persona a cambiar de ideas, por supuesto (¡faltaría más!), como es al parecer el caso de Manuel Javier Chacón (de Murcia), quien reclama su derecho a cambiar de ideas sin por ello faltar al respeto a los que fueron años atrás sus camaradas. Es una pena, pero nada hay indigno en ello y sus palabras de justificación hasta ahora han sido respetuosas y correctas.

Cambiar de bandera sin cambiar de ideas (como en los casos de Totana o Gijón), en cambio me parece incomprensible. Y en cuanto a renegar del pasado justificándose diciendo cosas como que "no sabía lo que hacía" o que "me amenazaron" (como en el caso de Valdemoro, cuando todos hemos tenido que soportar durante años las "lecciones de falangismo autenticista" que Jesús Paniagua, "Txuspan", se empeñaba en darnos, y ¡ahora se hace la víctima!), pues qué quieren que les diga... ¡vergonzoso y miserable! 

Desde el principio de la civilización se ha dicho, con razón, que "Roma no paga traidores", y es un ingenuo quien piense que se le va a perdonar su pasado falangista a base de genuflexiones. Quien ha sido falangista siempre va a ser señalado por el Sistema poco menos que como si fuera un criminal sin derecho a la reinserción. SIEMPRE. Hasta el día de su muerte. O uno lo asume como un honor, o agacha la cabeza y deja de mirar a los ojos a sus antiguos camaradas por vergüenza. No hay otra posibilidad.

Confieso que no puedo entender qué han podido ver estos antiguos falangistas en Ciudadanos, un partido que defiende el modelo político decadente de la Constitución de 1978 y cuya doctrina laboral (basada en esa aberración del "contrato único") está en las antípodas del Nacionalsindicalismo, cuya idea central es justamente la contraria: la esencialidad de la relación de trabajo como elemento nuclear de su naturaleza, y nunca el contrato de trabajo, que es sólo un papel, un elemento formal que sólo ensalzan por encima de la verdadera relación de trabajo los liberales. Evidentemente, como decía antes, quienes no ven diferencias sustanciales es o porque no saben lo que es la Falange, o porque no saben lo que es Ciudadanos, o porque no saben ninguna de las dos cosas...

¡Ah!, por cierto, y para evitar equívocos: el fundador de la Falange, José Antonio, no era Primo de ese Rivera que preside Ciudadanos.

Mi candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid


jueves, 23 de abril de 2015

Por qué rechazo la propuesta de "Contrato Laboral Único"


Rescato este comunicado de UNT que refleja a la perfección lo que opino de la propuesta ahora tan defendida por algunos del "Contrato Laboral Único":

UNT contra la propuesta de “Contrato Laboral Único”


Desde el sindicato Unión Nacional de Trabajadores (UNT) rechazamos frontalmente la reciente propuesta realizada por el partido "Ciudadanos" de implantar el “Contrato Laboral Único”. Ya en su día UNT, ante una propuesta similar primero de UPyD y luego de la UE, rebatió con sólidos argumentos su supuesta conveniencia en base a las razones siguientes: supone pasar de la flexibilidad a la rigidez de la contratación, acabar con el principio de causalidad del contrato, cercenar el principio de relación de trabajo y eliminar la contratación en fraude de ley no combatiéndola, sino legalizándola. Una barbaridad absolutamente inaceptable para UNT y que sólo perjudicará a los trabajadores.


La propuesta dice buscar la simplificación de los actuales modelos de contratación, tendiendo al modelo de “Contrato Laboral Único”, sosteniendo que la idea es fomentar un contrato de tipo estable como norma. Desde UNT denunciamos que esa argumentación es una estafa, pues por un lado contradice la criticada supuesta “rigidez” del modelo de contratación (¿es menos rígido tener que optar entre 1, 3 ó 4 tipos de contrato que por la amplia gama actual que prevé todas las posibilidades?), y por otro supondrá una sustancial rebaja de las ya escasas garantías que acompañan a los actuales contratos indefinidos (menos indemnización por despido, más facilidades de rescisión, etc.). Y es que no hace falta ser especialmente perspicaz para darse cuenta de que cualquier igualación de condiciones será siempre a la baja: menos protección y garantías, y más precarización general.

Pero además hay un problema de fondo que conviene denunciar: la multiplicidad actual de tipos de contrato laboral se debe al mantenimiento en nuestro sistema laboral de uno de los principios que al mismo aportó el Nacionalsindicalismo, que es el principio de relación de trabajo y el consecuente de causalidad del contrato (la esencia del contrato debe residir en la verdadera relación de trabajo existente, independientemente de lo que formalmente diga el contrato escrito o verbal). Ello supone que, según sea la situación laboral real, así debe ser el contrato: temporal, fijo discontinuo, indefinido, de interinidad, de formación, etc. ¿Pretenden acabar con el principio de relación de trabajo y de causalidad del contrato? Eso (en lo que han ido caminando poco a poco las distintas reformas laborales del PSOE y del PP) supondría dar primacía a la letra del contrato sobre a la verdadera relación laboral subyacente (algo que los liberales llevan años reclamando en nombre de la “libertad de las partes para contratar lo que estimen oportuno”, olvidando que el empresario y el trabajador no están en igualdad de condiciones negociadoras, y el más fuerte en la negociación siempre impone sus condiciones, no quedando más remedio que aceptarlas si se quiere trabajar), y por ende se terminaría por desterrar de nuestro sistema legal las denuncias de fraudes de ley (es decir, que ya no se podría alegar que el contrato formal no es acorde con la verdadera relación laboral, lo que dejaría vía libre al abuso), pero no por la vía legítima de la persecución del fraude, sino mediante su legalización.

Esta propuesta aparentemente inocua es, por lo tanto, tremendamente peligrosa si se lleva hasta sus últimas consecuencias, y por ello UNT alerta del peligro que supondría su implantación y manifiesta que siempre se opondrá a semejante atropello.


En Madrid, a 18 de febrero de 2015.

lunes, 17 de noviembre de 2014

La "Renta Básica": una propuesta difícilmente defendible.


Yo nunca he defendido la denominada "Renta Básica" (concesión de un dinero a todo ciudadano por el mero hecho de serlo) por muchas razones. Para mí lo más importante es el propio concepto -filosófico si se quiere- del trabajo: no es un simple derecho individual, sino ante todo un deber social. Vivir en sociedad supone que todos hemos de poner algo de nuestra parte, con nuestro trabajo, en la edificación social y económica del mundo en que vivimos (además de en otros aspectos que ahora no son el objeto de este artículo, empezando por el de la propia realización personal que permite el trabajo -especial, aunque no exclusivamente en las profesiones más vocacionales-). 

Las obligaciones anteceden siempre a los derechos: de la obligación que los demás tienen de respetar mi vida o mis bienes surge mi derecho a defenderme de quienes, incumpliendo su obligación, me agreden o me roban. De la misma manera, las personas tenemos la obligación de trabajar para garantizar nuestra subsistencia y la de nuestras familias, además de para contribuir a la edificación material de nuestra sociedad, y es precisamente cuando esa obligación de trabajar no se cumple (de forma involuntaria), cuando surge el derecho al trabajo. Ese, el derecho al trabajo y la efectividad del mismo, es el camino a seguir, y no el pretender compensar las injusticias sociales y los fallos estructurales del Sistema con limosnas, que en el fondo es lo que supone dar a todos una "Renta Básica".

La Renta Básica no sólo será un alivio para los parados involuntarios (un subsidio permanente al parado involuntario sí sería justo, pero nada tendría que ver con el tema que tratamos), sino también un acicate para los parados voluntarios, los cuales tendrán aún más incentivos para no trabajar. ¿Acaso es saludable que una sociedad pague un sueldo a los vagos? Es decir, no es que ya no se les castigue por su actitud insolidaria, sino que además ¡se les premia! No es razonable. Los zánganos -que "haberlos, haylos"- no pueden tener derecho a una renta básica de ninguna forma. Y además, ¿de dónde saldrá esa ingente cantidad de dinero necesaria para pagarlo? Como siempre, de los que trabajan, que verán inevitablemente incrementados sus impuestos. Es verdad que estas cosas se venden siempre diciendo que "el dinero saldrá de los ricos" (aunque en la práctica ellos tienen los recursos suficientes para evadirse y hacer que los trabajadores resulten ser los agraciados... ¡como siempre!) o de la reducción del fraude y la economía sumergida (actualmente es del 23% del PIB -1 billón de euros aproximadamente- y como mucho se podría reducir en un 10% -ya que al igual que los pecados o los accidentes de tráfico, es ilusorio pretender su desaparición total-, y como de esa cantidad aflorada sólo se recaudarían los impuestos correspondientes -un 33% es nuestra presión fiscal-, supondría un incremento de ingresos de unos 30.000 millones de euros en el mejor de los casos, muy lejos de los 250-300 mil millones de euros que costaría la "Renta Básica" con el actual salario mínimo), pero se trata de argumentos demagógicos que ningún experto considera suficientes sencillamente porque no resisten un análisis serio.

No, la idea de pagar un sueldo a todo el mundo no tiene sentido ni moral (es contrario a la ley natural), ni económico (es ineficiente, como lo era el salario uniforme en el estado soviético). Pero además de lo ya dicho, acabo de ver un artículo que da otras siete buenas razones (aunque alguna matización se podría hacer) para rechazar la idealista y equivocadísima idea de la "Renta Básica", cuyo original puede enlazarse pinchando en el título:

Aunque hace mucho tiempo que se concibió la Renta Básica Universal (RB), no ha sido hasta hace poco cuando ha cobrado importancia en los círculos académicos españoles e incluso en la agenda política y mediática. Esta presencia se ha intensificado especialmente a raíz de la irrupción de Podemos en el panorama político español, puesto que recogen esta medida en su programa electoral. Bienvenido sea este debate, que siempre será constructivo. A continuación expongo los principales argumentos en contra de la RB, pues aunque es una medida potente, factible y muy efectiva para combatir la pobreza, lleva aparejada importantes problemas macroeconómicos. Sin embargo, la propuesta que aquí defenderé no es el rechazo de la RB, sino su modificación para transformarla en un programa de Trabajo Garantizado (TG) que resuelva las limitaciones macroeconómicas al mismo tiempo que logre mejores frutos sociales que la RB.

Recordemos que la RB es la concesión a todo ciudadano, independientemente de su situación particular, de un ingreso fijo que le permita cubrir sus necesidades vitales. De esta forma, nadie se vería obligado a aceptar cualquier tipo de trabajo (por muy duro y precario que fuese) para poder sobrevivir con un mínimo de dignidad.

En cambio, el TG parte de la premisa de que si bien es cierto que hoy día en nuestras sociedades hay muchísimas personas que no están trabajando y nuestro deber como sociedad es evitar que por culpa de ello pasen penurias, también es cierto que hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades. No tiene sentido que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos no estén cubiertas. En la actualidad necesitamos que cuiden de nuestros mayores, de nuestros hijos y de nuestros enfermos, que aumenten los servicios de ocio y cultura, que se cuiden las infraestructuras, pavimento y fachadas de muchos barrios de nuestras ciudades, que se reforesten enormes extensiones de terreno, que se cuide la fauna y la flora de nuestro entorno, que aumenten y mejoren los servicios sanitarios, que se defienda a los grupos discriminados y a los más vulnerables, etc…

Por lo tanto, mucho mejor que otorgarle un ingreso fijo a todos los ciudadanos es otorgarle el derecho a trabajar si así lo desean (si no lo desean o no pueden, entonces que reciban un ingreso básico –de menor cuantía que en el caso de trabajar). El Estado podría financiar y planificar este TG a través de programas concretos, aunque en última instancia podrían ser las organizaciones no gubernamentales, las cooperativas o cualquier otro tipo de organización las que gestionaran las actividades en cuestión debido a que son las que tienen experiencia sobre el terreno. La remuneración del trabajo debería ser fija por número de horas; por ejemplo, 10 euros la hora. De esta forma se establecería un ancla de precios para evitar tensiones inflacionistas. Al mismo tiempo, se lograría que ninguna persona trabajase en el sector privado por menos de 10 euros la hora, ya que de ser así siempre podrían abandonar su trabajo para formar parte del programa de TG.

Una vez presentadas de forma sucinta ambas propuestas, pasamos a enumerar y describir las diferencias más importantes:

1) La RB genera tensiones inflacionistas; el TG no. Por el lado de la oferta la RB busca acabar con los puestos de trabajo de peores condiciones. Puesto que el empleado pasaría a cobrar un ingreso mínimo sin necesidad de trabajar, podría abandonar su puesto si considera que no le merece la pena. El empleador tendría que mejorar las condiciones laborales para que el trabajador no abandonase, pero cabe la posibilidad de que no pueda hacerlo (debido a las exigencias del mercado: aumentar salarios le podría suponer demasiado coste para mantener competitividad sin aumentar precios o para darle suficiente rentabilidad a los accionistas. Si la mejora de condiciones laborales se hace en este contexto, los precios de los productos aumentarían para no ver mermado el margen de beneficio empresarial: habría inflación). Si el empresario no puede mejorar las condiciones (en muchos sectores con total seguridad no podría), ese tipo de trabajo desaparecería: habría menos empleo y por lo tanto menos producción (menos oferta de bienes y servicios).

Al mismo tiempo que eso sucede, la demanda de esos bienes y servicios aumentaría puesto que todos los ciudadanos tendrían ahora más dinero en sus bolsillos gracias a la RB. Este efecto conjunto tendría como resultado un aumento notable de los precios de esos bienes y productos (la ley de la oferta y la demanda manda: si ahora se venden menos productos y a la vez hay más compradores el vendedor aprovechará la situación para subir los precios). Con precios mayores el poder adquisitivo de los ciudadanos que han recibido la RB se evapora: los pobres siguen siendo pobres.

En cambio, con el TG no habría inflación. Por el lado de la oferta no se producirían menos bienes y servicios sino que se producirían más gracias a los nuevos programas de empleo. Además, al ofrecer un salario uniforme y fijo (de 10 euros la hora por ejemplo) impide el empujar de los precios por el lado de los costes salariales. Por otro lado, la demanda aumentaría pero en mucha menor medida que en el anterior caso ya que sólo se verían beneficiadas aquellas personas más necesitadas (quienes quieren trabajar y no se les deja, y otras personas con necesidades económicas), y no todas (ricas y pobres) como ocurre con la RB. Por lo tanto, no habría tensiones inflacionistas porque aunque habría más dinero para comprar éste no sería tan abundante como en el caso de la RB y al mismo tiempo aumentaría la cantidad de bienes y servicios puestos a la venta.

2) La RB depreciaría la moneda si España tuviese moneda propia; con el TG el efecto sería menor. Si el dinero que aparece en los bolsillos de los ciudadanos gracias a la RB se destina en buena medida a comprar productos en el extranjero (y conociendo el tipo de productos que se producen y que no se producen en España ocurriría con seguridad), una moneda propia se devaluaría fuertemente. El efecto sería mucho menor en el caso del TG porque el dinero en los bolsillos de los ciudadanos no sería tan abundante. Eso no ocurriría con una moneda común como el euro, pero vale la pena tenerlo en cuenta a tenor de los importantes movimientos anti-euro.

3) La RB no tiene en cuenta el ciclo económico, el TG sí. La RB es universal y constante: siempre el mismo ingreso y para todos, independientemente de si estamos en una época de boom económico o recesión. En una época de expansión económica inyectar más dinero en los bolsillos de todos los ciudadanos no hará sino calentar todavía más la economía, provocando burbujas e inflación. En cambio, el TG es flexible y contracíclico. En épocas de boom económico aparecerán en el sector privado muchos puestos de trabajo mejor pagados que los ofrecidos por el TG, de forma que muchos trabajadores del TG se trasladarían al sector privado. De esta forma se estaría introduciendo mucho menos dinero “extra” en los bolsillos de los ciudadanos, y por lo tanto no se estaría calentando tanto la economía. En épocas de recesión ocurriría lo contrario: muchos trabajadores despedidos en el sector privado pasarían a trabajar en los programas de TG, logrando que no se enfriase tanto la economía y evitando así la amenaza de la deflación (caída generalizada de los precios).

4) La RB genera menos trabajo digno que el TG y de forma más limitada. Con la RB se confía en la disponibilidad y voluntad del empresario para mejorar las condiciones de trabajo hasta convertirse en empleos dignos (de no hacerlo los trabajadores abandonarían). Muchos empleadores podrían hacerlo pero otros muchos no. El TG se ahorra este problema al crear trabajo digno de forma directa, sin necesidad de contar con los empresarios. Además, con el TG se podría combatir directamente la discriminación de género, racial y de cualquier otro tipo; algo que no se podría controlar con la RB.

5) La RB no crea servicios sociales; el TG sí. Con la RB no hay producción social (que sirva a los más necesitados), no al menos más allá de la que estén dispuestos a realizar voluntariamente los receptores del ingreso fijo. En cambio, el TG crea directamente puestos de trabajo cuyo objetivo es a) mejorar las condiciones de vida de muchas personas que lo necesitan y b) cuidar y respetar el medio ambiente.

6) La RB sólo concede dinero, el TG mucho más. Recibir un ingreso es sólo uno de los muchos motivos que hay para trabajar, y a menudo ni siquiera es el más importante. Sentirse útil para con la sociedad, aprender nuevas habilidades y conocimientos, socializarse, entretenerse, viajar, etc, son otros beneficios que otorga el TG y que la RB no puede ofrecer.

7) La RB no forma ni prepara al ciudadano, el TG sí lo hace. Los conocimientos y habilidades adquiridas por el trabajador del TG lo preparan para encontrar trabajo en el sector privado o para iniciar sus propios proyectos en un futuro.

martes, 5 de agosto de 2014

El paro registrado se sitúa en los niveles de hace tres años. ¿Estamos saliendo de la crisis?

En los últimos meses he estado tan ocupado a diario que, sintiéndolo mucho, no he logrado sacar tiempo para actualizar el blog. Lo lamento por todos aquellos a los que les gusta leer mis opiniones, pero soy de esos que, como dice siempre mi amigo Miguel Argaya, estamos tan ocupados con el día a día que lo urgente no nos deja tiempo que dedicar a lo importante. Así pues, aprovecharé hoy para hacer una breve reflexión sobre las últimas cifras de desempleo a fin de poder aclarar si significan que estamos saliendo ya de la crisis o no.

Después de varios años en caída libre, con breves momentos de freno que después se descubrían como meros espejismos temporales, a estas alturas se puede decir que 2014 está siendo el año en el que por fin se ha tocado fondo. Los datos oficiales del Gobierno (que pueden consultarse pinchando aquí) así parecen indicarlo. Que ya no se destruye empleo al ritmo de antes es una realidad, pero eso no significa que estemos saliendo de la crisis. Podemos estar saliendo o no, eso ya lo veremos, pero lo único que significa realmente esta situación es que ya no se destruye el mismo empleo sencillamente porque apenas queda empleo que destruir. Es decir, es posible que se haya tocado fondo, y prueba de ello sería (dicen algunos) que estando tan abajo una mínima subida del PIB supone creación neta de empleo, cuando antes era necesario crecer al menos al 2,5% para que eso sucediera. 

Ahora bien, con los datos en la mano, ¿se puede decir realmente que se está creando empleo neto?

Para sacar conclusiones al respecto hay varios puntos que conviene tener en cuenta:

1.- El paro registrado no es el paro real. Es sabido que muchos desempleados desisten de apuntarse al desempleo (sobre todo en situaciones como la presente, en la que la eficacia de las oficinas públicas de empleo es mínima), además de que hay muchos jóvenes que buscan su primer empleo y que no están reflejados en los datos de paro registrado. Por eso los actuales 4.419.860 parados registrados (cuando Mariano Rajo accedió al poder en 2011 había casi los mismos: 4.422.359) hay que cogerlos con cautela, pues el paro real es superior. Además hay muchos trabajadores que han decidido buscarse la vida en el extranjero, lo que altera también los datos oficiales. En sentido contrario, es cierto que hay al rededor de un 24% de economía sumergida, pero no es menos cierto que las cifras eran similares hace tres años y también que había más del 20% antes de la crisis, por lo que ese dato por sí solo no explica la diferencia. 

Por todo ello, aunque los datos de la Encuesta de Población Activa (la EPA) son más ilustrativos que los del paro registrado, en realidad los datos más relevantes son los de la afiliación a la Seguridad Social, pero sólo si son analizados en su totalidad, claro, porque si sólo nos fijamos en el dato aislado de afiliación, nos engañaremos, como luego veremos.

2.- Ha descendido la población activa. Este dato es muy importante: hay 22,97 millones personas activas (232.000 menos que en el trimestre anterior), es decir, menos de la mitad de la población total del país, pero de ellas sólo 16,74 millones tienen empleo, por lo que son estos los que con sus ingresos tienen que mantener no sólo al resto de la población (recordemos que las pensiones de los jubilados se pagan con los ingresos de los cotizantes actuales), sino sobre todo a este Estado verdaderamente ruinoso y despilfarrador que les sangra a impuestos. Una situación difícil de mantener a corto plazo, complicadísima a medio e imposible a largo... 

3.- Han descendido los salarios. Los empleos creados están normalmente peor remunerados que los que se destruyeron durante la crisis, por lo que los trabajadores que tienen la suerte de tener empleo se encuentran en peor situación que antes para hacer frente a sus gastos ordinarios: alquiler o hipoteca, alimentación de la familia, transporte, seguros, etc. La antigua "clase media" se ha empobrecido, y los trabajadores se han "proletarizado" más, por lo que son mucho más pobres que antes aun trabajando igual... 
4.- Los contratos fijos a tiempo completo se sustituyen por nuevos contratos temporales a tiempo parcial. Este dato es uno de los más importantes, ya que distorsiona notablemente los datos de afiliación a la Seguridad Social: en principio ha aumentado el número de cotizantes, pero en realidad las horas realmente cotizadas apenas varían (prueba de ello es que los ingresos por cotizaciones sólo han aumentado un 0,43% pese a que se aumentaron las cotizaciones), lo que significa lisa y llanamente que donde antes había dos trabajadores fijos a tiempo completo ahora hay tres temporales a tiempo parcial haciendo horas complementarias (que no extraordinarias, gracias a las últimas reformas laborales de Rajoy) para trabajar lo mismo o incluso más que antes, sólo que con empleos más precarios y peor remunerados. ¿De qué sirve que haya más cotizantes si al final las horas cotizadas son más o menos las mismas? A eso se le llama repartir la pobreza...

La contratación temporal alcanzó en julio el 93,1% (algo a lo que el periodo estival también ayuda), y la contratación a tiempo parcial, tan fomentada por el gobierno del PP, supone ya el 38,2% de todos los contratos firmados, un porcentaje nunca alcanzado antes. Esto es señal clara de que en realidad no se ha creado empleo, sino que se ha repartido el que había un poco más, por lo que el problema de fondo subsiste.

El sistema capitalista no ha encontrado la solución a la crisis y camina dando tumbos de un lado para otro, sin encontrar soluciones reales sencillamente porque no las puede encontrar sin poner en evidencia sus propias contradicciones y fallos sistémicos. Hablar de fomentar el crecimiento a base de facilitar el crédito es un suicidio: ¿cómo vamos a aumentar más el crédito cuando tenemos una deuda total tan grande? Eso es como pretender apagar el fuego echando más gasolina a las llamas, pero como no son capaces de afrontar la gran tarea de cambiar de sistema económico, nos les queda otra "solución" que la huida hacia adelante. ¿Acaso esa idea del crecimiento constante e indefinido no es una simple ilusión imposible de mantener de forma permanente? Ciertamente, gran parte de esa deuda es dinero ficticio y lo importante, lo que de verdad interesa a los usureros del capitalismo internacional, es que paguemos puntualmente los intereses de la deuda (eso sí es dinero real) y mantenernos esclavizados mientras tanto, pero ya sabemos que los gobernantes no son políticos al servicio de los ciudadanos, sino que siempre harán lo que interese a sus verdaderos amos (los grandes capitalistas que les financian, les ponen y les quitan). 

El problema del paro no va a encontrar solución satisfactoria en el actual sistema capitalista. Es hora de mirar al futuro con valentía, ofreciendo alternativas reales y profundas. Los parches para "ir tirando" ya no dan más de sí. Son aspirinas y antibióticos que pueden calmar momentos ocasionales de fiebre y dolor, pero el cáncer no desaparece con ese tipo de tratamientos.

Estamos en la cuerda floja, tan al borde del abismo como al borde del futuro (como diría José Antonio Primo de Rivera en ocasión semejante). O somos capaces de enarbolar la ilusionante bandera del mañana (como sólo los falangistas podemos hacerlo), o nos hundiremos irremisiblemente en el fango de los unos o los otros, el de los que siempre ofrecen falsas soluciones que llevan a los lugares fracasados de siempre (llámense liberalismo del PP, socialdemocracia del PSOE, marxismo diluido de IU, trotskismo bolivariano de Podemos o como se quiera, pues su camaleónica capacidad de adaptación no conoce límites).

Quien acierte con la primera nota de la melodía de los tiempos nuevos que ya se adivinan en el horizonte, tendrá como recompensa la responsabilidad del futuro. Pero para ello hacen falta visión de futuro, ilusión y coraje..., mucho coraje.