El Sindicato Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se manifiesta claramente en contra de la nueva reforma del sistema público de pensiones. El acuerdo al que han llegado el Gobierno con los falsos sindicatos CCOO y UGT (con el anunciado apoyo de la CEOE y del PP) consiste en ampliar de forma gradual a 25 años el periodo cálculo de la cotización (actualmente es de 15 años), lo que, según un informe de Labour Asociados para la Seguridad Social, y calculando sobre 20 años en vez de 25, bajaría las pensiones una media de 60 euros (algo más de un 5%), si bien muchas voces han defendido en los últimos años ampliar el cálculo de las prestaciones a toda la vida laboral, lo que reduciría su importe medio un 30%. A ese acuerdo se añade el retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años (pudiéndose jubilar a los 65 quien haya cotizado 38,5 años), lo que supondría, según un reciente estudio de AXA, una reducción adicionas de entre un 17,3% y un 21,3% en las pensiones.
En teoría, según denuncia UNT, la ampliación supondría un beneficio para algunos cotizantes y un perjuicio para la inmensa mayoría de ellos. Saldrían perjudicados aquellos que son expulsados del mercado laboral a partir de los 50 años y, por lo tanto, sus últimos 15 años de cotización quedan deteriorados y son peores que los anteriores. Pero en una carrera laboral tradicional, los últimos años cotizados normalmente son los mejores y, por ello, un aumento del plazo de cálculo provocaría una rebaja de la cuantía de la pensión por diluirse estos últimos años en un cómputo en el que se tendrán en cuenta muchos años con menor cotización.
En diciembre de 2006 ya el vicepresidente económico, Pedro Solbes, defendía públicamente una “revisión permanente” del sistema público de pensiones, que tenga como objetivo “un modelo de proporcionalidad puro” que “tenga en cuenta toda la vida laboral”. Y en el mismo sentido se pronunciaba el equipo económico del PP en 2003, precisamente en las reuniones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El argumento esgrimido era que el sistema actual es insostenible y que la única forma de garantizar su viabilidad es ampliando el periodo de cálculo a toda la vida laboral, una argumentación falsa con la que se pretenden ocultar los verdaderos defectos del actual sistema de Seguridad Social y, de paso, fomentar la idea de la necesidad de generalizar fondos privados de pensiones que actúen de forma complementaria (para mayor gloria de las entidades financieras capitalistas, claro).
Los dos argumentos más importantes tradicionalmente esgrimidos para criticar el actual modelo son los siguientes:
1.- La demografía apunta en un sentido preocupante. El primer informe que predijo esto fue de 1995 (del Servicio de Estudios de La Caixa y los investigadores de FEDEA), y vaticinaba una proyección poblacional que no se ha cumplido ni de lejos (a causa de la inmigración fundamentalmente), un déficit para 2025 del 1,3% del PIB (algo que obviamente no va a suceder, al menos en esa fecha, pues actualmente el superávit anual ha supuesto la creación de un fondo de reserva de cerca de 65.000 millones de euros), y un montón más de datos que no se han cumplido (número de pensionistas para 2010, porcentaje del PIB necesario para mantener las pensiones, número de cotizantes a la Seguridad Social, etc.). Los expertos simplemente no dieron ni una.
Aquí hay dos aspectos a tener en cuenta. El primero es que la inmigración ha mitigado notablemente los efectos negativos que se esperaban a causa de la escasa natalidad. Sin los seis millones de inmigrantes que hay en España la situación de la Seguridad Social sería notablemente peor, ya que casi todos ellos están en edad de trabajar y su nivel de natalidad es más elevado que el de los españoles. La inmigración ha supuesto efectos negativos en otras materias, pero desde luego no en esta. Y eso son datos objetivos difícilmente rebatibles.
El otro aspecto demográfico a tener en cuenta es el de que la inversión de la pirámide poblacional tiende a equilibrarse a largo plazo. Es decir, la reducción de la natalidad producida desde los años 80 supone que a partir de 2060 (momento en el que habrá unos 16,5 millones de pensionistas –el doble que en 2010–) el número de pensionistas se reducirá notablemente año a año y se volverá al equilibrio aproximadamente en una década (incluso podría volverse a una pirámide clásica si se incrementara la natalidad).
El principal problema, pues, resulta ser transitorio. Lo verdaderamente importante es conseguir un cuantioso fondo de reserva para afrontar las dificultades que se van a dar entre los años 2040 y 2060, que son los años realmente problemáticos para el actual modelo de pensiones.
No obstante, hay un dato que sí hay que tener en cuenta seriamente, y es el del aumento de la esperanza de vida. Su efecto es importante. No tanto como se dice cuando se relaciona con la inversión de la pirámide poblacional, pero aún así hay que reconocer que es importante, aunque sin llegar a ser determinante (sólo lo sería en combinación con otros factores de tipo económico, productivo y financiero). Pese a todo, el dato del aumento de la esperanza de vida es una verdad a medias, ya que dicho aumento no se ha debido sólo a que los ancianos vivan más tiempo -que también-, sino en no menos importancia a la gran reducción de la mortalidad infantil en las últimas décadas. Por tanto, el dato relevante no es el de la mayor esperanza de vida, sino el del tiempo que un pensionista cobra la jubilación hasta que fallece, y si bien se ha ido incrementando progresivamente, lo cierto es que sólo lo ha hecho en algo más de dos años desde que se implementó el actual modelo.
Y es que, más que el de la población, el problema es que los jóvenes se incorporan al mundo laboral cada vez más tarde mientras los trabajadores veteranos son expulsados del mismo cada vez más pronto. No es sostenible el modelo si se empieza a trabajar a los 30 años y con contratos temporales, se prejubila uno a los 55 habiendo cotizado apenas 20 años por culpa de los largos períodos de desempleo cobrando ayudas públicas, y se vive hasta los 85 años.
Esto sí es grave, y pone el dedo en la llaga sobre el verdadero problema: la desocupación efectiva que hace que las personas activas que sotienen el sistema de pensiones sean cada vez menos en relación al número de pensiones que deben sostener. Pero ese es un fallo del Sistema capitalista que está haciendo aguas por todas partes, por lo que las soluciones necesarias han de ser enfocadas a ese problema real, y no poniendo los parches que el Gobierno, CCOO y UGT acaban de poner (aunque en el propio acuerdo se establece un calendario de revisión, por lo que los cambios no han hecho más que empezar).
2.- Los fondos privados de pensiones. El debate sobre la reforma de pensiones viene siendo azuzado especialmente desde la banca y las aseguradoras para potenciar la opción por su negocio de los fondos privados de pensiones. La realidad ha puesto en evidencia la poca seguridad de esos fondos. Miles de personas han perdido gran parte de sus ahorros en los fondos privados de pensiones, y sin embargo el Sistema sigue incentivándolos porque son una constante fuente de ingresos que revierten en el propio Sistema en la medida en que son invertidos a cambio de una rentabilidad que no siempre se produce y que desde luego no está garantizada.
Del debate de los años 90 sobre la necesidad de pasar de un sistema de pensiones de reparto (los que trabajan pagan las pensiones de los jubilados) a uno de capitalización (la pensión a recibir será el resultado de lo capitalizado en el fondo de pensiones durante la vida laboral), se ha pasado al debate sobre la necesidad de reducir las pensiones públicas a un mínimo “sostenible” y obligar a complementarlas con el fondo privado de capitalización. La idea de la capitalización como forma de incentivar la responsabilidad individual podría ser en parte positiva si se incardinara dentro del sistema público de pensiones, pero lo que hace sospechar que hay gato encerrado es que todos los que lo proponen se empeñan en que esos fondos basados en la capitalización han de ser privados… Y es que no puede obviarse el hecho de que la capitalización siempre es más interesante para quien tiene más capacidad de ahorro, lo que perjudica claramente a las personas de menor renta. Se puede tener mucha voluntad de ahorro para capitalizar y no tener la capacidad suficiente para garantizarse una pensión digna, por lo que la capitalización como modelo no garantiza criterios de justicia (y eso por no hablar del mayor reto que supone para este modelo el incremento de la esperanza de vida).
Medidas a tomar
A corto plazo UNT considera que se imponen medidas como el que sólo las prestaciones contributivas se cubran con lo recaudado por las cotizaciones. Actualmente se siguen incumpliendo las previsiones del Pacto de Toledo en este aspecto, de forma que la previsión de que en 2013 se llegue a cumplir dicho acuerdo se antoja imposible (unos 4.266 millones de euros de cotizaciones se siguen destinando a complementos de mínimos no contributivos, lo que supone el 5% del gasto anual en pensiones). También podría establecerse un ligero incremento de las cotizaciones, se debe desarrollar un sistema de apoyo real a las familias para fomentar la natalidad (incluyendo la penalización del crimen del aborto) y equilibrar la pirámide poblacional lo antes posible, y, sobre todo, debe emprenderse un ambicioso proyecto de fomento del empleo que logre aumentar el número de cotizantes a corto plazo (aunque para consolidar esto es necesario cambiar el modelo económico y financiero actual).
Además, debe adelantarse en lo posible la edad de entrada en el mundo laboral dignificando las profesiones no universitarias, al tiempo que debe alargarse la edad de jubilación real (63 años) para acercarla lo más posible a la hasta ahora legal (65) y conseguirse una mayor estabilidad laboral a lo largo de la vida, pues cada vez es mayor el tiempo que un trabajador pasa en situación de desempleo.
También pueden lograrse grandes resultados incentivando más el retraso voluntario de la edad de jubilación, algo que siempre es mejor que el retraso obligatorio e indiscriminado, pues en algunas profesiones con 67 o incluso 70 años se está en plenitud de facultades y se puede tener ganas de seguir trabajando, mientras que en otras ya resulta duro trabajar con 60. Aquí el acuerdo supone una solución intermedia consistente en permitir la jubilación a los 65 años de quienes hayan cotizado al menos durante 38,5 años y retrasar al resto la jubilación hasta los 67 . Esto podría ser más o menos aceptable en los tiempos en que la estabilidad en el empleo era la nota dominante, pero en una época caracterizada precisamente por la precariedad, por la dificultad de acceder al mundo laboral y por la prematura expulsión del mismo antes de cumplir los 60 años, el resultado de dicha propuesta dará lugar a muchas injusticias si antes no se atajan los problemas estructurales, algo imposible de hacer en el sistema capitalista actual.
En cuanto a las medidas que pueden tomarse a medio plazo, desde UNT planteamos la posibilidad de suprimir los regímenes especiales y que todos los trabajadores –al menos los que lo hacen por cuenta ajena, pues el caso de los autónomos es más complejo– se integren en el Régimen General de la Seguridad Social, ya que la principal diferencia entre esos regímenes y el general consiste en que las cotizaciones sociales realizadas por la empresa son menores. Esa consideración tenía más sentido en los tiempos en que las diferencias de productividad entre los diferentes sectores eran mayores de lo que son hoy en día, si bien para adoptar esa medida sería preciso afrontar previamente el reto de rediseñar el futuro de la agricultura, de la minería y del trabajo en el mar. La situación de esos sectores no aconseja unificar los regímenes a corto plazo y sin afrontar ese problema, pero eso es algo que puede hacerse perfectamente a medio plazo.
Los ingresos obedecen a un modelo que también debe redefinirse, ya que es el aspecto más fluctuante en los momentos de crisis económicas. En tal sentido, el sistema capitalista supone una dificultad añadida en cuanto impide plasmar los incrementos de la productividad en un incremento correlativo de la contribución, dado que los márgenes de ganancia capitalista requieren crecimientos exponenciales para poder pagar los intereses del capital y mantener al mismo tiempo los beneficios empresariales que garanticen la viabilidad. La eliminación de esos intereses capitalistas permitiría que, en un sistema con una banca nacionalizada y con una función social y productiva, unido a una sindicalización efectiva de las empresas según el modelo nacionalsindicalista, gran parte de los beneficios empresariales podrían dedicarse a nutrir el sistema de Seguridad Social.
A largo plazo UNT considera que no hay otra solución que la de alterar el Sistema económico y de previsión social actual, acabando con la usura, con la banca privada y con la asignación de la plusvalía al capital, de forma que todo ello integre un sistema nacional basado en la gestión de los propios trabajadores por medio de sindicatos unitarios, tal y como propone el Nacionalsindicalismo.
En conclusión, desde UNT se considera necesario afrontar los grandes retos del sistema de Seguridad Social, pero partiendo de la idea de que no basta con tomar medidas a corto plazo ni deben tomarse tampoco medidas injustas. El problema reside principalmente en el Sistema capitalista, en su modelo productivo y el mundo laboral que genera, así como en la injusta manera que tiene de distribuir los beneficios derivados de los incrementos de productividad. Sólo un sistema económico más justo, como el Nacionalsindicalismo, puede servir de base a un sistema de seguridad social más equitativo y asentado sobre unas bases más sólidas.
UNT, pues, rechaza tajantamente el acuerdo adoptado por los "sindicatos" traidores a los trabajadores y un Gobierno vendido al capitalismo internacional, que es actualmente y más que nunca quien le marca las políticas a realizar, y procurará apoyar cuantas iniciativas y protestas se convoquen en contra de este atropello. ¿Alguien tenía dudas de que, como siempre, CCOO y UGT iban a vender una vez más a los trabajadores para intentar salvarle las próximas elecciones al PSOE? UNT no.
Cuatro años después de su promulgación, el “Foro Historia en Libertad” quiere hacer un llamamiento público para conseguir la derogación de la llamada “Ley de Memoria Histórica” (Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura).
